Por Mtra. Kira Ciófalo
Departamento de Derecho de la UDLAP

Las condiciones que generan un ambiente democrático sano, plural y tolerante presuponen el ejercicio indispensable de la libertad de expresión, esto es, aquel derecho a la libre manifestación de ideas que se encuentra en el núcleo de los valores imprescindibles de toda cultura republicana abierta al intercambio de opiniones. De igual forma, el derecho a la información,  el respeto por la vida privada, la intimidad, el honor y el derecho a la propia imagen, constituyen elementos imprescindibles para salvaguardar un espacio necesario destinado la protección de los derechos de las personas.

Una auténtica cultura democrática no es sólo aquella que debe estar orientada a generar las condiciones de un equilibrio equitativo en el régimen de libertades de los ciudadanos sino que, además, debe optar, con base en  estos mismos valores, por generar mecanismos eficaces de protección ante una eventual transgresión a los límites de su ejercicio. ¿Cómo abonar entonces a la construcción de esta cultura democrática en términos de conciliación de la protección de la libertad de expresión y del derecho al honor, a la privacidad, entre otros?

Al margen de la imprescindible protección jurisdiccional concreta en casos particulares, es necesaria una política legislativa tendente a robustecer y a armonizar un marco de defensa de los derechos fundamentales que garantice, tanto la máxima tutela a la libertad de expresión como la satisfacción de eventuales intromisiones ilícitas al ámbito de los derechos de la persona, mediante mecanismos restitutorios como la determinación judicial del daño moral, a través de un marco jurídico que exprese un Derecho Penal mínimo compatible con la protección de los derechos de la personalidad, salvaguardados en el ámbito civil.

Un intercambio de opiniones y de información veraz contribuyen a la construcción de una práctica democrática tolerante y plural ajena a la censura previa por parte del aparato estatal, cuya finalidad es la de ser artífice en la  creación de condiciones que permitan satisfacer el derecho a la información. Apostar en sede legislativa por un ejercicio pleno de la libertad de expresión se traduce en un periodismo  liberado de toda censura previa, coincidente al mismo tiempo con las exigencias autoimpuestas por el ejercicio responsable del mismo, reglamentado por sus propios códigos deontológicos de respeto por la verdad, que proteja el derecho a la información de los ciudadanos y que fomente su participación como agentes activos en la conformación de la opinión pública enteramente informada. Se trata entonces de una expresión libre de censura cuyo único límite es el respecto por el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

Como es sabido, la protección a la libertad de expresión posee dos dimensiones: se entiende como un derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y opiniones ya sea de forma oral o escrita; y como el derecho a recibir libremente información veraz. Un diseño legislativo coherente con la conciliación de la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, debe, por tanto, prever un sistema restitutorio de las posibles vulneraciones en el ámbito de los derechos íntimos de la persona, garantizando su derecho de réplica como medio para satisfacer un posible daño moral y para asegurar el derecho a desmentir informaciones no veraces.

En el juego democrático enmarcado por nuestra práctica constitucional, ningún derecho posee un peso prevalente sobre otro, en uso de una suerte de equilibrio reflexivo es necesario, desde las sedes legislativa y judicial, ponderar los límites legítimos a los mismos de a fin de garantizar la máxima tutela de este régimen de libertades.