Por: Dr. Raúl Bringas Nostti, raul.bringas@udlap.mx
Profesor de Tiempo Completo del Departamento de Negocios Internacionales
México cuenta con todo para ser competitivo y exitoso en un mundo cada vez más globalizado. Sus reservas monetarias son envidiables, lo mismo que sus niveles de endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto. Si bien es cierto que México arrastra el grave problema de la violencia, ésta no ha logrado evitar que el país crezca y que las inversiones sigan fluyendo.
Los mexicanos han mostrado una capacidad impresionante para competir en la economía de mercado, ya sea como obreros u hombres de negocios. Que empresas mexicanas como Bimbo, Cemex o Gruma triunfen en los mercados más difíciles del mundo es muy alentador. Igualmente resulta impresionante advertir cómo empresas extranjeras de la talla de Audi o Bombardier, que exigen una mano de obra de altísima calidad, confían en el obrero mexicano. ¿Por qué, entonces, el potencial mexicano no se ha desplegado con todo su vigor? Hay muchos factores que explican esta situación, pero entre todos ellos destacan dos: las leyes y la política.
Cuántas veces hemos escuchado decir que las leyes mexicanas son excelentes, pero que no se aplican. Esta es una de las mayores mentiras que pueden proferirse. Las leyes mexicanas, comenzando por la Constitución, son malas y arcaicas. Un Estado que sigue controlando la producción, procesamiento y distribución de hidrocarburos es una aberración en el siglo XXI. Absurdas resultan las leyes que limitan las inversiones en ciertos sectores o zonas del país, o que hasta prohíben que los extranjeros opinen sobre la realidad política mexicana. El exceso de regulaciones locales, estatales y federales ahoga a la iniciativa privada. Tenemos leyes provincianas, enemigas del espíritu globalizador. Pese a la propaganda oficial que presume nuestra apertura comercial, somos un país cerrado al capitalismo.
¿Por qué tenemos esas leyes? Por culpa de la clase política, que incluye desde congresistas y líderes sindicales hasta integrantes del poder judicial. Precisamente porque se trata de funcionarios que han vivido al amparo del poder público con un sueldo del Estado, no saben lo que es el mercado, cómo funciona y cómo genera riqueza. Son ellos quienes se empecinan por no cambiar el marco legal. Son los mayores enemigos de la economía de mercado. Lo peor de todo es que cuentan con el apoyo de una élite de “intelectuales” que succionan recursos públicos. Si el marco regulatorio cambiara, todos ellos perderían sus privilegios y hasta las facilidades para lucrar al amparo de sus prerrogativas.
Los mexicanos y los inversionistas extranjeros desean desplegar su potencial. México cuenta con todo para ser uno de los actores de peso en el mundo globalizado. Antes, sin embargo, debe resolver su gran contradicción: modernización o patrioterismo. No se pueden tener ambas cosas.
