Por: Dr. José Jorge Arceo Tena
Profesor de tiempo completo del Departamento de Arquitectura
Hace pocos días leía que en alguno de los municipios conurbados, que forman parte de la zona metropolitana de la ciudad de México, las autoridades estaban por instalar arcos detectores de metal en los principales accesos.
Desconozco como esto pueda llevarse a cabo y si verdaderamente pueda contribuir en los esfuerzos por disminuir la delincuencia. Sin embargo, esta noticia me llevó a la reflexión sobre las situaciones cotidianas, por las cuales, pasa nuestra ciudad y, que en ocasiones, a fuerza de costumbre, damos por descontadas.
Me refiero, específicamente, a la proliferación de fraccionamientos cerrados que cada vez más transforman el crecimiento urbano del área metropolitana de Puebla, y que han modificado la imagen y estructura de algunas zonas con muros y casetas que forman una barrera continua que se interrumpe de tramo en tramo por la entrada a alguno de ellos.
Desde luego, no pretendo descalificar las causas que los originan, ni analizar los motivos para elegirlos o criticar a quienes viven en ellos, (de hecho, me incluyo en este grupo de población), como tampoco pretendo recordar cifras alarmantes de la cantidad de delitos, ya que es verdad que su multiplicación tiene una explicación en la aparente solución que dan al problema social causado por la inseguridad.
Más bien, busco reflexionar un poco de lo que ganamos o perdemos con esta solución, y también acerca de la manera en que paulatinamente nuestra ciudad se va fortificando y de las posibles repercusiones que esto pueda traer a su crecimiento.
A pesar de que en apariencia se sustentan bajo un esquema donde el habitante gana en seguridad, la realidad es que vivir en ellos tiene varias desventajas, además de los sobre costos asociados a la privatización de varios de los servicios, que de otra forma serían municipales: vigilancia, alumbrado, limpieza y mantenimiento de calles y áreas verdes.
¿Quién gana? El habitante podría tener cierta mejora en su protección, pero es más percepción que realidad, ya que se sigue conociendo de robos y delincuencia al interior de estas fortalezas; las autoridades probablemente se desentiendan de algunas tareas, que de otra forma, tendrían que llevar a cabo y, al mismo tiempo, también pierden la capacidad de intervención cuando es necesario; sus constructores podrían también beneficiarse, pero esto es relativo porque cuesta lo mismo construir afuera que adentro; entonces ¿para quién es el beneficio?
La reflexión me lleva a pensar que en realidad no hay tales beneficiarios, porque los fraccionamientos cerrados no han aparecido bajo un esquema en donde todos ganen, por el contrario, lo que percibo son grandes perdedores: la ciudad y sus habitantes, que vemos como poco a poco surgen pequeños o grandes fragmentos fortificados.
Continuando con el lenguaje delincuencial, al cual también a fuerza de tanto escucharlo nos hemos acostumbrado, la pregunta que nos asalta es ¿quiénes son los que tienen que vivir tras las rejas? ¿los habitantes de la ciudad o aquellos que nos han obligado a hacerlo?
