Dra. Elizabeth Espinoza Monroy
Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho UDLAP
El sector energético en nuestro país ha sido calificado en los últimos días como en prefase crítica; no obstante, la reforma energética emprendida en 2013, apunta a la posibilidad de que pase exactamente lo contrario, si se logra que los agentes de toma de decisión no sigan respaldando, como centro energético los mecanismos de fuentes fósiles, sino que, gradualmente, se pueda impulsar un cambio que el país y el planeta requieren. El compromiso que México firmó para reducir sus emisiones de carbono en un 30 % para el 2020, en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, no es una pequeña implicación, es una necesidad imperiosa en el desarrollo de la región.
El sistema eléctrico nacional necesita renovar sus canales de distribución; la apertura a la competencia en generación y distribución energética a los consumidores industriales facilitará la libre competencia en precio vs. consumo; los empresarios podrán elegir responsablemente qué tipo de protocolo y criterio establecerán para regular de forma eficiente su consumo de energía. Modernizar las viejas redes por inteligentes, para mejorar la pérdida energética y desvincular las viejas prácticas de administración, por sistemas que permitan incrementar la participación privada con apego estricto a los derechos humanos y grupos vulnerables, son algunas de las prácticas puestas en marcha que no tienen por ahora su fruto inmediato; sin embargo, son pieza clave para dar cumplimiento a los compromisos contraídos internacionalmente.
Importante es tratar de reducir al máximo los niveles de contaminación también en un compromiso social, tal es el caso de las ciudades denominadas «verdes» o «inteligentes», que apoyan fiscalmente a los constructores que optan por este tipo de construcciones y, en corresponsabilidad, los desarrolladores inmobiliarios «sacrifican» un poco de utilidad en generar proyectos urbanos y desarrollos inmobiliarios con infraestructura verde, tales como parques y pequeños lagos por goteo, sistemas de riego inteligente y sistemas solares de energía para el alumbrado público.
La ley general de cambio climático es parte del cumplimiento de los compromisos contraídos en esta materia por nuestro país, en ella se implementan los objetivos nacionales en este rubro, como es el caso de regular las emisiones de gases y compuestos del efecto invernadero para la estabilización de sus componentes en la atmósfera, la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la generación de un atlas de riesgo. Sin embargo, debe quedar en claro un frente común social y un gobierno para que, en realidad, se logre dicha transición energética.
