Dra. Elizabeth Espinoza Monroy
Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho UDLAP
En las calles de México es normal encontrar una actividad económica muy característica en América Latina denominada «ocupación informal», que se caracteriza por el desempeño laboral sin acceder a los servicios de seguridad social, que no tributa por su trabajo, utiliza medios precarios para desempeñarse, tiene pocos ingresos o nulos y, por lo tanto, tiene poco capital disponible, además de bajo nivel de organización en su área de producción: algunas veces son obligados a pertenecer a asociaciones que les imponen cuotas para poder emplearse, lo que no permite que salgan de su condición económica, pues tampoco acceden fácilmente al sistema educativo o de capacitación para el trabajo; otra cara de la informalidad, es la evasión del deber ciudadano de contribuir al erario público.
En algunas ciudades se tomó la determinación de no permitir el establecimiento de estos comerciantes informales, con el argumento de que éstos golpearían a la economía formal, en una época denominada como decembrina y donde se espera que el nivel de consumo aumente, sin embargo, sucedió lo contrario, el nivel de ventas bajó pues el consumidor buscaba los productos adyacentes que en los locales informales se distribuyen, desde comida hasta artículos para adornar las casas, establecimientos y comercios.
La informalidad es heterogénea y ha sido un escape para la economía de subsistencia, la informalidad no significa ilegalidad, sin embargo, es en estos hábitos comerciales donde se llevan a cabo diversos actos ilícitos, como la piratería, venta de artículos extraídos de forma ilegal o la internación al país de la misma forma. Ante un clima de crisis de empleo, la economía de subsistencia se vuelve presa fácil de grupos delincuenciales a gran escala, fenómeno mundial que inició con el proceso de globalización y reforma tecnológica.
La informalidad también le da movilidad a la economía formal y a la generación de programas sociales que permitan al «informal» acceder a los sistemas de salud pública y de vivienda de forma autónoma y en condiciones no depredadoras, lo que podría ser su entrada a una política fiscal menos agresiva que no dificulte su entrada, si no por el contrario, que les permita una cobertura universal, que los lleve a ser una fuerza económica regulada y conforme a sus características de desarrollo.
