Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana,
Profesora de la Licenciatura en Ciencias Químico-biológicas UDLAP
La diabetes y la hipertensión constituyen importantes retos sanitarios en México y el mundo. En el mercado mexicano contamos con cientos de productos disponibles pertenecientes a más de quince grupos diferentes de medicamentos antidiabéticos y antihipertensivos. Muchos de ellos con versiones genéricas desde hace varios años. A pesar de ello, y de que según la encuesta ENSANUT (2012 y 2016) casi el 90% de los enfermos de ambos padecimientos recibe tratamiento farmacológico, sólo la mitad de los pacientes hipertensos presenta cifras de presión arterial controladas independientemente de si es atendido en instituciones de salud públicas o privadas. Asimismo, FUNSALUD (2015) reportó que más del 80% de los costos directos del manejo de la diabetes en nuestro país, se debe a las principales complicaciones de la enfermedad, especialmente, la insuficiencia renal.
¿Por qué los pacientes no están controlados si hay tantos medicamentos disponibles? ¿Todos los medicamentos que hay en el mercado son de eficacia y calidad comprobadas? ¿Se prescriben las farmacoterapias más adecuadas con un enfoque en el paciente y no en la enfermedad? ¿Se educa a los pacientes para hacer un uso óptimo de sus medicamentos?
La llamada «política farmacéutica» de México, hasta hoy se ha enfocado en acelerar la autorización de productos farmacéuticos y abrir de manera entusiasta los mercados con la finalidad de asegurar el acceso a medicamentos innovadores, así como genéricos de mucho menor costo. Sin embargo, sin acompañamiento de otras estrategias como fomentar el uso racional de los medicamentos a través de la incorporación de servicios farmacéuticos clínicos y de profesionales capacitados para proveerlos en las farmacias comunitarias y hospitales, nuestra política farmacéutica está incompleta y podría causar un desequilibrio entre el garantizar la seguridad de los pacientes y proteger la competitividad de la industria farmacéutica.
A la larga, la infiltración en nuestro sistema sanitario de pruebas diagnósticas sin registro, medicamentos falsificados, medicamentos que se compran en acuerdos de negocio poco transparentes y que terminan caducándose sin aprovecharse, o la subrogación de servicios que fomenta la corrupción y la entrega de tratamientos farmacológicos de dudosa calidad o incompletos, pone en riesgo el éxito de los tratamientos, la seguridad de los pacientes, la sostenibilidad del sistema sanitario y la credibilidad de las autoridades y de la industria.
Una política farmacéutica integral habrá de contemplar, por tanto, el seguimiento farmacoterapéutico, la educación al paciente, la vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos y de los errores de medicación, así como un monitoreo agresivo de la calidad y de la legitimidad de los medicamentos que circulen en el mercado mexicano.
