Dra. Elitania Leyva Rayón

Directora académica de la Escuela de Negocios y Economía

elitania.leyva@udlap.mx

 

La informalidad en el mercado laboral es un problema grave en nuestro país. Las personas en dicha situación son aquellas que trabajan sin un vínculo laboral reconocido y que, por tanto, no tienen forma de hacer valer sus derechos laborales como aguinaldo, prima vacacional, indemnización por despido, servicios médicos, crédito para obtener una vivienda, seguro de invalidez y riesgo laboral, servicio de guardería, entre otros, prestaciones que en conjunto se denominan de «seguridad social». Al estar en la informalidad, los trabajadores no disponen de incapacidad por enfermedad ni de protección para sus familias en caso de fallecimiento o de accidente laboral. Así, si un trabajador tuviera un accidente de trabajo que le imposibilitara continuar laborando no tendría derecho a ser pensionado, o si falleciera, su familia no recibiría pensión. Tampoco tendría derecho a una pensión de retiro, ya que los trabajadores aportan a su cuenta individual sólo si están en la formalidad.

Cabe destacar que en México existe una intensa movilidad de los trabajadores entre la formalidad y la informalidad debido a diversos factores. Por ejemplo, un plomero podría trabajar durante unos meses en una empresa constructora que lo daría de alta en el IMSS durante el tiempo que durara la obra, pero en cuanto se terminara comenzaría a trabajar por cuenta propia en estatus de informalidad; o una cocinera que trabajara en un restaurante con un sueldo bajo, pero con prestaciones laborales, podría decidir renunciar para vender comida por cuenta propia con el fin de ganar más dinero en detrimento de sus prestaciones; la decisión del segundo caso dependerá de qué tanto valore las prestaciones de seguridad social, es decir, de su valoración sobre la calidad de los servicios de instituciones como el INFONAVIT, IMSS o las juntas de conciliación y arbitraje, respecto a ganar más dinero. Por ello, el Estado debe diseñar programas de seguridad social considerando su impacto en la informalidad, de lo contrario podría seguir agravándola, debido a que, si los trabajadores perciben que los servicios son de baja calidad, que no funcionan adecuadamente, que son limitados, que son de difícil acceso (como los créditos para vivienda, servicios de salud o de guardería) o que no confían en ellos (el caso de las AFORES), entonces preferirán la informalidad.

Por lo anterior, la informalidad debe ser atendida mediante reformas en materia fiscal y de seguridad social, reformas cuyo objetivo sea dar a las empresas los incentivos necesarios para que operen dentro de la formalidad y cumplan con las leyes federales del trabajo y del seguro social. De igual manera, el Estado debe mejorar la calidad del servicio del IMSS, ISSSTE e ISSEMYM y dejar de subsidiar a la informalidad a través del Seguro Popular. La disminución de la informalidad mejoraría el nivel de vida de los trabajadores, ya que aumentaría su productividad y ayudaría a la reducción de la desigualdad y la exclusión social.