Por: Dr. Martín Sánchez Camargo
Coordinador del Área de Primera Lengua del Departamento de Literatura, Humanidades e Historia del Arte UDLAP
En los últimos tiempos, hay indicios de un autoritarismo creciente que puede olfatearse en muchos espacios de la vida pública de nuestro país, y que contagia otros ámbitos que debieran ser los que fomenten la formación ciudadana participativa, entre ellos, las mismas instituciones educativas, donde escasamente se estimula la reflexión colectiva y se toman decisiones verticales, ignorando o despreciando el derecho de los otros a opinar. En este sentido, los espacios educativos se convierten en cajas de resonancia de los modos de hacer política, y construyen el aprendizaje social de que el ciudadano no está autorizado para participar en la reflexión colectiva y, por lo mismo, éste debe dejar tal tarea en manos de quienes han optado por la política como una práctica profesional. El antídoto ante semejante “aprendizaje social”, considero que es la práctica del diálogo en los espacios educativos. Fomentar la reflexión y la opinión razonada desde las etapas básicas de la formación, hasta la universidad, puede ser el medio para ir creando una atmósfera ciudadana, en la que además de reconocerse el derecho a ser escuchados estemos conscientes de nuestra obligación de escuchar. Una sociedad participativa y dialógica prefiere una relación horizontal con sus gobernantes o con sus representantes parlamentarios, pero nuestra clase política es proclive a la relación vertical, en la que la vía del diálogo está acotada a la simpatía efímera de los tiempos electorales.
En el contexto actual, no es casual que, cuando algunos grupos sociales dan el paso para entrar a un debate, se apruebe en un Estado de la República una “ley mordaza” para ocultar la criminalidad, y en otro una “ley bala” para contener el descontento social. La promulgación de este tipo de normas tiene un tufo autoritario, pues lo que menos las distingue es el interés por socializar su discusión. No está de más acudir al sentido común, suponiendo que sea todavía una cualidad del político profesional, optando por alimentar el diálogo en las diversas rutas de la participación social. Por estas razones, además de empeñarse en desarrollar múltiples competencias, la escuela debería ser un espacio social de diálogo en el que se construya la necesaria ciudadanía para contrarrestar los excesos del poder, garantizando un acercamiento constructivo entre los individuos y sus representantes, entre quienes gobiernan y los ciudadanos. En esta tarea de fomentar la reflexión social, los maestros tenemos la palabra: para que nos vean y nos oigan.
