“Hay que cambiar políticas públicas”: Ernesto Derbez
MEDIO: El Universal
El rezago en los sistemas de seguridad y justicia en México sumerge a las 32 entidades en un serio problema de impunidad. Las políticas públicas en el país han estado mal enfocadas para combatir este fenómeno, que es el principal factor que alimenta la corrupción, la violencia y la delincuencia, expone Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En entrevista con EL UNIVERSAL, advierte que casos como la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano —ocurrida en julio de 2015— provocan que el ciudadano no crea en las instituciones; peor aun, al ver que no sucede nada con los responsables de algún delito, los mexicanos creen que pueden quebrantar la ley puesto que no recibirán castigo.
Otro de los focos rojos en el país es que los mexicanos prefieren no denunciar, lo que genera una cifra negra alarmante. De acuerdo con los datos obtenidos en el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, resultado de una investigación que lideraron la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, se concluye que la carga de trabajo en los pocos jueces que hay, los Ministerios Públicos y policías no calificados también generan impunidad: sólo 1% de casos denunciados se castiga.
¿Cuál es la percepción del mexicano hacia las autoridades?
—De burla, desprecio, falta de respeto y, sobre todo, de desconfianza. El hecho más reciente de impunidad fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad. Hubo una serie de condiciones de impunidad. Por eso las medidas que proponemos llevarían a la percepción en sentido contrario: sí funciona el sistema de procuración e impartición de justicia y de seguridad.
¿Se confiaron las autoridades?
—En la medida en que yo vea que ocurre un hecho, una fuga de reos, y no les pasó nada a las autoridades, y quizá los recaptura, pero se fugaron, comienza un proceso de relajamiento de las autoridades y la posibilidad de cohecho. Los prisioneros de ese nivel [como el líder del Cártel de Sinaloa] se van dando cuenta que es fácil comprar a los funcionarios que no tienen nada que perder dado que no hay acción en su contra. Esa es la impunidad. Nos hace falta una explicación de por qué fue capaz de construir un túnel de esa magnitud, dónde está el nivel de funcionarios que participaron en la fuga.
El año anterior, el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015 colocó a México en segundo lugar de 29 países con mayor impunidad. ¿Qué ha pasado con México?
—No ha pasado mucho. Lo que estamos viendo es la necesidad de crear una visión clara: no es la corrupción, ni la violencia, ni la delincuencia, lo que verdaderamente está causando los problemas, es la impunidad. Lo importante para nosotros es conducir la discusión de políticas públicas equivocadas de enfrentamiento a la violencia y de modificación de leyes, a la impunidad.
¿Cómo se encuentran las estructuras de seguridad y justicia?
—El hecho de que las estructuras institucionales de seguridad, justicia y de derechos humanos no estén funcionando correctamente porque no tienen la estructura adecuada nos lleva a que no tengan la funcionalidad óptima. Si no tenemos el número adecuado de jueces para atender con prontitud la comisión de un delito, no vamos a tener un país sin corrupción.
Si no tenemos el número de Ministerios Públicos necesarios para presentar una demanda, muchos delitos ni siquiera van a ser iniciados en el proceso de búsqueda de solución. Cuando esto se da es porque no existe la capacidad de estructura del sistema y el resultado es que prohíja la impunidad.
¿Qué resultados obtuvieron?
—Nos dimos cuenta de que 25 estados están agrupados en una situación en la que el índice de impunidad está entre alto y muy alto. Eso sí es una preocupación porque lo que nos está diciendo es que en México no existe la condición para que la impunidad se vaya eliminando fácilmente.
En la mayoría de los estados sus sistemas de seguridad y procuración de justicia no tienen la estructura y funcionalidad correctas. Un ejemplo son las prisiones, que tienen una sobrepoblación de 30%. Encima de todo, alrededor de 35% de quienes están en prisión no han sido juzgados.
Otro problema es la cifra negra: sólo 4% de los delitos son denunciados; de ese total, en 96% no se dictamina un resultado. A eso le llamamos la cadena de impunidad, porque no se denuncia, y lo que sí se denuncia no se procesa. Finalmente, la cadena nos lleva a que menos de 1% de los delitos llegue a una conclusión. Eso es terrible para el país.
¿De qué servirá el IGI-MEX 2016?
—Vamos a poder decirle a quien lleva la política pública de gasto, de asignación de gasto, a los Congresos, gobiernos federal y estatales, lo que debe ser su verdadera política pública diferenciada por entidad. No es necesaria una política general porque cada estado tiene sus particularidades. El documento lo que trata de hacer es proporcionar evidencia cuantitativa para que podamos decir: ‘Gobierno, si no inviertes en más ministerios públicos, en policías de investigación, en más jueces, mejores cárceles, no habrá buenos resultado
Estudio: México, sumergido en la impunidad
MEDIO: El Universal
La impunidad en México es un “problema generalizado”, todas las entidades la enfrentan y 25 registran niveles altos, revela el Índice Global de Impunidad México 2016.
El estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia estatal muestra que sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian y en 1% de los casos se castiga a los responsables.
Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP, en entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que las políticas públicas en el país han estado mal enfocadas para combatir la impunidad, que es el factor principal que alimenta la corrupción, la violencia y la delincuencia.
México enfrenta una impunidad “generalizada”: todas las entidades del país registran el problema y 25 de ellas tienen “muy alta” y “alta” incidencia, revela la investigación que durante nueve meses realizó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
El resultado es el Índice Global de Impunidad México (IGIMEX) 2016, que detalla que la media nacional de este fenómeno se ubica en 67.42 puntos, a partir del análisis de 17 indicadores específicos por cada entidad del país.
La ineficacia institucional en materia de procuración e impartición de justicia forma una cadena de impunidad: desde la comisión del delito, la integración de una averiguación previa, la investigación, la posible condena de un inculpado y la reparación del daño a la víctima, destaca el documento con los resultados del estudio de la UDLAP, que encabeza Luis Ernesto Derbez.
La investigación arroja que en el país sólo siete de cada 100 delitos cometidos se denuncian. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013 apuntan que la “cifra negra” alcanzó no menos de 92.8%.
Del total de los delitos consumados sólo 4.46% llegan a una sentencia condenatoria; la impunidad alcanza así 99%, puesto que sólo 1% de los crímenes son castigados.
Para el diagnóstico se seleccionaron 17 variables de los sistemas de seguridad y justicia, excepto la dimensión de las garantías individuales, “puesto que se encontraron vacíos en los reportes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos”.
Concluyó que 13 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada: Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur.
Las 11 entidades con un grado de impunidad alta son: Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato.
En el documento se clasificó a Michoacán en el grado de impunidad atípica, con 67.71 puntos, que está por encima de la media nacional, “considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y reestructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”.
Al analizar las variables se obtuvo que con el grado de impunidad media se ubican Chiapas, Chihuahua, Sonora, Distrito Federal y San Luis Potosí; mientras que el nivel bajo está en Nayarit y Campeche.
El estudio revela que ante las condiciones que presentan cada una de las 25 entidades existe un problema de gobernanza “que rebasó a todas las instancias de gobierno, que no pueden atender este problema de manera aislada”, ante un fenómeno multifactorial.
Se encontró también que el promedio nacional de magistrados y jueces en el ámbito local es de 3.5 por cada 100 mil habitantes; y que el personal penitenciario de las cárceles estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos, por debajo del promedio del Índice Global de Impunidad 2015, que fue de 47 por cada 100.
“En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es de 30%, con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de 17%”, concluye el informe.
A partir de los resultados del IGIMEX 2016 que se elaboró bajo la coordinación de los investigadores Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara se emitieron 16 recomendaciones claves para revertir este fenómeno, como impulsar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local.
Se advierte que el nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados.
Otros puntos que propone el IGIMEX 2016 es revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia de los estados; garantizar la autonomía de las fiscalías; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario, así como la autonomía de las comisiones de Derechos Humanos de cada entidad. También se plantea aplicar sanciones ejemplares cuando se presenten casos de conflicto de interés por parte de los servidores públicos en el uso de recursos públicos, entre otros.
En México, 95% de los delitos, en la impunidad
MEDIO: El Economista
La impunidad es un problema generalizado en México, un país en donde sólo siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados, arrojó el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Presentado en Puebla, el documento exhibe que el Estado mexicano, en su conjunto, es responsable de los altos niveles de impunidad. Este fenómeno es un problema de gobernanza, es decir, ha rebasado a todas las instancias de gobierno, por lo que requiere la atención y participación urgente de otros actores, como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales.
Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
Esta herramienta se construyó a partir del modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI).
El pasado 20 de abril del 2015, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij), presentó el IGI 2015, trabajo desarrollado por investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Udlap, con el acompañamiento de académicos de las principales universidades de México y especialistas, así como con la participación de estudiantes del Programa de Honores y becarios de la institución poblana.
Es así que el IGI- MEX es resultado del análisis cuantitativo de los datos oficiales que reportan las instituciones de seguridad y justicia de las entidades federativas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las estadísticas exhiben que del total de delitos consumados, solamente existe 4.46% de sentencias condenatorias; lo que arroja una impunidad cercana a 95 por ciento.
Los delitos consumados en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojarían que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes de 99% en México. Es decir, menos de 1% de los delitos en el país son castigados.
Los resultados arrojan que existen cuatro grupos por niveles de impunidad en el país y la mayoría de las entidades federativasse agrupan en niveles altos y muy altos de impunidad.
La media nacional es muy alta y se ubica en 67.42, prácticamente en el último tercio de la escala del IGI-MEX y sólo 10 entidades tienen un índice de impunidad por debajo del promedio nacional.
Los números del IGI- MEX arrojan que México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI y esta situación es uno de los 10 principales problemas que aquejan a la sociedad nacional, según encuestas.
El equipo de investigadores expone que la impunidad es multicausal, porque encuentra sus orígenes durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que éste es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado.
A su vez, este fenómeno mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción y desigualdad socioeconómica. Surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos, en el ámbito nacional y local de los países.
Este índice es compuesto —incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia— y complejo, porque es un modelo econométrico de 19 variables.
El equipo de la Udlap encontró que la delincuencia organizada y la impunidad también tienen relación. En seis estados (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango), en los que pidieron apoyo de la Federación para combatir a la delincuencia organizada y en los que desde el 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, encontramos impunidad muy alta.
Los otros dos estados —Sinaloa y Chihuahua— presentan estadísticas de impunidad alta y media respectivamente.
El trabajo concluye que la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Es por ello que, entre otros factores, se requiere implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local, así como mecanismos de evaluación más efectivos.
Impune, 99% de delitos en México: estudio de Udlap
MEDIO: Milenio
En México delinquir rara vez tiene una sanción. Según el Índice Global de Impunidad, ocho por ciento de los delitos se denuncian y de estos solo 1.4 de cada 100 se castigan.
El análisis presentado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap)
señala que en caso de que se presente una denuncia, se aprese al delincuente, se le siga un juicio y se termine, apenas en 0.5 por ciento de los casos se somete al criminal a una pena en prisión México tiene uno de los índices más altos de impunidad en el mundo, al obtener 75.7 puntos donde 100 es altamente impune y 0 es un sistema donde se castiga a quienes cometen un delito. Se encuentra en el lugar 64 de 65 naciones evaluadas.
Únicamente se encuentra por arriba de Filipinas, que obtuvo 80 puntos en el índice, que contempla 13 variables del sistema de justicia, derechos humanos y acceso a castigos.
México también alcanza los peores desempeños en el Continente, lejos de Canadá y Costa Rica que obtuvieron 43.4 y 48.7 puntos, respectivamente.
Según el estudio, México y Colombia tienen un comportamiento similar en cuanto a indicadores de impunidad en relación a la estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y de justicia.
Adjudica estos resultados “al incremento de corporativización del crimen organizado, vinculado al fenómeno del narcotráico. Lo anterior afecta la capacidad del Estado para procurar seguridad y justicia, además de la generación de un clima constante de corrupción de las autoridades que, en ocasiones, actúan en complicidad con los criminales”.
Al señalar que la impunidad generalizada también se debe al mal desempeño de las instituciones, indica que en 24 estados el personal con el que se cuenta para llevar el sistema de justicia es insuiciente respecto a las averiguaciones previas que se logran abrir.
Gerardo Rodríguez, investigador de la Udlap, aseguró que 80 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir que los castigos son responsabilidad de los estados.
Las cifras negras que hay en las entidades en todos los casos se encuentra por encima de 85 por ciento, es decir que la gran mayoría de los delitos que se cometen se quedan sin denunciar por percibir que no habrá ninguna consecuencia e incluso por considerar que es una pérdida de tiempo.
También en la mayoría de los casos, las cifras difícilmente desmienten esta creencia, pues menos de 10 por ciento de los delitos que se denuncian terminan con una averiguación abierta en términos de ley. De ese total, solo uno por ciento de los delincuentes que es detenido logra tener una sentencia condenatoria
Predomina impunidad en 25 entidades
MEDIO: Reforma
La impunidad en el País existe en todos los estados, pero más del 50 por ciento del territorio la padece en altos niveles, según el Índice Global de Impunidad México.
El documento presentado este miércoles por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) reveló que en 25 entidades federativas los delitos denunciados no concluyen en una sentencia para los responsables.
Las tres entidades con los más altos índices de impunidad son Quintana Roo, con 76.61 puntos de 100; el Estado de México, con 76.48 y Baja California, con 74.42
“La enfermedad de México es la impunidad y los síntomas son la violencia, la inseguridad, la corrupción, que pueden o no manifestarse en un Estado o en otro pero que, desafortunadamente la enfermedad de la impunidad está presente en todos los estados del País”, dijo el Presidente Consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), Andrea Ambrogi.
Ambrogi explicó en conferencia de prensa que la cifra negra de los delitos es el primer eslabón de la cadena de impunidad y que para combatir este fenómeno la denuncia es fundamental.
“No están dadas las condiciones para que los ciudadanos podamos denunciar, hay una labor que todavía tiene que hacer la autoridad”, advirtió.
De acuerdo con la encuesta de Victimización realizada por el Inegi, de la que el estudio retomó los datos, en el 63 por ciento de los casos en que no se denunció, la gente no lo atribuyó a las autoridades sino al sentimiento de pérdida de tiempo o de desconfianza que prevalece en las instituciones, indicó Ambrogi.
El conteo indica que el promedio nacional de impunidad es de 67.42 y la cifra negra fluctúa entre el 87.2 y el 86.5 en delitos que no son denunciados.
Otras cifras que registró el índice fue la cantidad de jueces por cada 100 mil habitantes que fue de 3.5, a nivel internacional son 16.
El 27.5 por ciento de los homicidios denunciados sí se castiga, mientras que el 58.41 por ciento de la población penitenciaria en México continúa esperando ser sentenciado.
Impunidad estatal
MEDIO: Reforma
La Universidad de las Américas Puebla presentó el Índice Global de Impunidad México 2016.
Hay 4 niveles de impunidad: muy alto, alto, medio, bajo.
(de 100 puntos) PROMEDIO NACIONAL 67.42 ESTADOS CON IMPUNIDAD MUY ALTA Quintana Roo 76.6 Estado de México 76.4 Baja California 74.4 Durango 73.97 Tamaulipas 73.3 Guerrero 73.1 Coahuila 72.9 Yucatán 72.8 Veracruz 72.3 Querétaro 72.2 Nuevo León 71.6 NIVEL ALTO Morelos 69.3 Sinaloa 69.3 Puebla 69.1 Tabasco 69.1 Aguascalientes 68.3 NIVEL MEDIO Chiapas 59.9 Chihuahua59.9 Sonora 58.4 Distrito Federal 56.9 San Luis Potosí 56.8 NIVEL BAJO Nayarit 50.4 Campeche 47.2
Altos índices de impunidad en 24 estados del país, revela estudio
MEDIO: El Financiero
M En 13 estados del país se concentra una “muy alta impunidad”, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México (IGIMEX), el cual concluyó que la impunidad es el más grave problema que vive el país.
De acuerdo con el reporte elaborado por investigadores de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), los estados con más alta impunidad son: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, el Estado de México y Quintana Roo.
El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP), Andrea Ambrogi, presentaron el estudio, el cual fue coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara; ambos académicos de la UDLAP.
El reporte considera a Michoacán como un caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
En el grupo de “impunidad alta” se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El análisis observó que, si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad laten te de las instituciones mexicanas.
El IGIMEX agrupa a los 32 estados en cinco bloques según sus resultados estadísticos.
En el primer grupo, catalogado con “impunidad baja” sólo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit; yen el grupo de impunidad promedio se encuentran cinco estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
Este trabajo es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario del país.
El IGI y el IGIMEX miden grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales.
Algo que detectó el índice es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) yen los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad.
Los cinco estados con mayor impunidad
MEDIO: El Financiero
México se ubicó en el segundo lugar de los países con mayor impunidad en el mundo, sólo por debajo de Filipinas, según el Índice Global de Impunidad 2015, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El país ocupó el sitio 58 de 59 países en el ránking liderado por Croacia, Eslovenia y República Checa, con los niveles más bajos de impunidad.
Al interior del país, en el Índice de Impunidad en México (IGI-Mex) presentado este miércoles, el problema de impunidad es generalizado, pero con un nivel atípico en Michoacán, y con índices muy altos en Quintana Roo, Estado de México, Baja California y Durango.
Aunque el estudio precisa que los estados de la República no deben compararse entre sí llanamente, destaca que “la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia”.
Sin embargo, bajar los índices de impunidad repercute en un mayor bienestar económico, y hace a las entidades susceptibles de una mayor recepción de inversiones, alienta el establecimiento de empresas pequeñas y medianas, genera mayor número de empleos y mejoran los niveles de bienestar económico de su población, destacó.
Según estudio, Michoacán es la única entidad que se ubica con impunidad atípica, ya que considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado.
Respecto a Quintana Roo, el estudio destaca que según los 35 indicadores sobre procuración e impartición de justicia, la cifra negra de delitos, es decir, el porcentaje de delitos no registrados dentro del sistema de procuración y administración de justicia y que por tanto quedan sin castigo es de 91.1 por ciento.
El Estado de México tiene una cifra negra de 93.6 por ciento y los cinco delitos del fuero común más recurrentes son: lesiones, robo de vehículo, y robo a transeúnte en vía pública.
En Baja California, con una cifra negra del 90.3 por ciento, los delitos del fuero común más recurrentes robo de vehículo, otros robos y robo a casa habitación.
Además, “de los 43 mil 930 inculpados en averiguaciones previas, solo 16 mil 358 son procesados en las causas penales en primera instancia y 943 son sentenciados, en su mayoría condenados. En esto pone en clara evidencia la incapacidad institucional para en la impartición de justicia”.
Respecto a Durango, con una cifra negra del 94 por ciento, los cinco delitos del fuero común más recurrentes son robo de vehículo, robo a casa habitación y otros robos.
Sin embargo, del total de inculpados y/o imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas (10 mil 736), solo el 32 por ciento continúa con un proceso judicial de primera instancia, y, del total de inculpados, solo el 4 por ciento recibe una sentencia (condenatoria o absolutoria), y tan solo el 3 por ciento recibe una sentencia condenatoria.
Según el estudio, los estados con índices de impunidad más baja son Nayarit, relacionado a que “cuenta con condiciones de infraestructura y personal, así como con una forma de operar relativamente más favorable a la media nacional” y Campeche, que aunque tiene una baja tasa de incidencia delictiva y la suficiencia de recursos humanos, presenta vacíos de información importantes e inconsistencias en los datos reportados.
Impunidad, problema generalizado en México
MEDIO: El Sol de México
La impunidad es ‘un problema generalizado” en México, según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2016 capítulo México, elaborado por especialistas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad.
En México solo se denuncian siete de cada 100 delitos, lo que significa una `cifra negra” que alcanza un porcentaje de 92.8 por ciento. misma que se ha mantenido desde el 2013
El informe publicado no incluye a Michoacán va que es considerado un Estado “atípico” puesto que la información que existe y q ue han proporcionado actores gubernamentales y autoridades nacionales de Derechos Humanos sobre seguridad y justicia en la entidad, enfrenta serios cuestionamientos sobre su veracidad. Hay dos razones principales por las cuales los mexicanos no acuden a denunciar cuando se comete un delito: lo consideran una pérdida de tiempo y existe desconfianza en la autoridad.
“La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.
Los índices de impunidad en las entidades federativas de México indican lamentablemente que la impunidad es un problema generalizado en el país: establece.
La impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México. Es decir, menos del uno por ciento de los delitos son castigados.
A esto se suma además que existe un rezago en los jueces, reflejo de la situación de los poderes judiciales locales. Mientras en otros países existen en promedio 16 impartidores de justicia por cada 100 mil habitantes, en México solo hay tres por cada 100 mil.
Pero ahí no para la difícil situación, la sobrepoblación penitenciaría alcanza en el país el 30 por ciento, cifra que duplica a lo que sucede en otros lugares. Además, el 35.7 por ciento de los reclusos permanece en cautiverio sin sentencia en primera instancia.
Destaca además que la mayoría de las entidades federativas se encuentra en niveles altos y muy altos de impunidad.
El índice Global de Impunidad señala que los responsables de que esta situación persista es el Estado mexicano, que incluye no solo al Gobierno en turno, también el Congreso de la Unión, los congresos locales, el Poder Judicial, así como los gobiernos estatales.
Puntualiza que no ha funcionado la coordinación entre la federación y los gobiernos locales para combatir a la delincuencia organizada, puesto que en aquellos estados donde se pidió apoyo se mantiene una impunidad muy alta: Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.
“La impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Los países con altos niveles de impunidad son susceptibles de tener episodios nacionales de violaciones graves a los derechos humanos Entre las recomendaciones finales se encuentran: que las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, universidades, medios de comunicación y organismos constitucionales autónomos, involucrarse en el análisis y evaluación de resultados en materia de seguridad y justicia.
También sugiere implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local, revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia en los estados, garantizar la autonomía política de la Procuraduría General de la República y las fiscalías de justicia estatales, evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario a la luz de los cambios, derivados del nuevo sistema de justicia penal y revisar la autonomía de las comisiones estatales de Derechos Humanos frente al poder político.
Libertad Bajo Palabra
MEDIO: El Sol de México
“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.”
Simón Bolívar Estamos a cinco meses de que se cumpla el plazo establecido en 2008, cuando entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia penal y después de ocho años, lamentablemente no se ve por donde se pueda cumplir.
La transición implicará pasar de un sistema escrito y con alto margen de discrecionalidad, a uno oral, en donde de acuerdo con legislación deberán ser garantizados entre otros, los principios de publicidad, presunción de inocencia, y el respeto a los derechos de las víctimas.
Se trata de un cambio profundo en la impartición de justicia penal, el plazo de casi una década para concretarlo se antoja insuficiente por el giro en las mentalidades que exige a los distintos actores, principalmente a los abogados, que intervienen en los procesos penales.
No obstante las dificultades, la transición es necesaria y urgente ante la Impunidad que prevalece en la impartición de justicia.
En el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas, México aparece en el segundo lugar entre los países con mayor impunidad, como consecuencia del “incremento de la corporativización del crimen organizado”, deficiencias en el sistema de seguridad y la lastimosa corrupción.
Según Azaola Garrido, investigadora del CIESAS, “el 59 por ciento de los recursos del sistema penal se destinan a investigar, procesar y sancionar delitos menores, mientras que el 40 por ciento de las personas sujetas a prisión preventiva podrían estar en libertad”.
Según datos del CIESAS, la cantidad de presos en prisión preventiva sin sentencia ronda el 47 por ciento, México es el sexto país con más población penitenciaria en el mundo, ascendía a 260 mil internos a inicios de 2015; más de 100 mil presos están esperando que se les dicte una sentencia. De 620 mil detenidos en operativos contra el narcotráfico durante la administración anterior, 500 mil fueron liberados por falta de pruebas.
A mediados de enero, de este año, María de los Ángeles Fromow, secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, anunciaba que el nuevo sistema cubría ya al 70 por ciento de la población, y que en el primer trimestre de este año se espera cubrir al 80 por ciento. Sin embargo, la funcionaria también señalaba 11 reformas pendientes, entre las que se encuentran la del sistema penitenciario y una en materia policial; el Congreso tendrá que trabajar en ellas durante el periodo de sesiones que inicia.
Para erradicar la impunidad que tanto agravia y divide a los mexicanos, no hay otro camino que un sistema de justicia penal eficaz, oportuno, expedito y que funcione para todos por igual, tengan o no la posibilidad de pagar a un buen abogado.
Ojalá que el ya no tan nuevo, aunque todavía no termina de instalarse, sistema de justicia penal, basado en la oralidad, traiga la respuesta a la recurrente demanda de JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA.
Y si usted, lectora, lector querido, no tienen inconveniente, muchas gracias por sus amables comentarios y aportaciones, nos leemos el próximo jueves.
México con lugar 58 en impunidad, abajo de Filipinas
MEDIO: La Prensa
La impunidad en nuestro país se ubicó en el lugar 58 de 59 países, impunidad con 75.7 puntos, sólo por debajo de Filipinas, revela el Índice Global de Impunidad México, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, al señalar que el problema de impunidad es generalizado, pero con un nivel atípico en Michoacán, y con índices muy altos en Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Baja California y Durango.
El estudio como seguimiento al pasado Índice Global de Impunidad lo presentaron Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, y el presidente consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi.
En una conferencia de prensa, los catedráticos indicaron que de las 32 entidades del país, 25 presentan altos o muy altos niveles de impunidad, y sólo dos están en grados bajos.
Ubica con los mayores problemas a Quintana Roo, Guerrero, Estado de México, Baja California, Durango y Tamaulipas, con puntajes superiores a 70 en escala del O al 100, que entre más alto supone una mayor impunidad.
A decir de los directivos, los mejor evaluados son Campeche y Nayarit, con niveles inferiores a 50, en tanto que están en un grado medio (menores a 60) San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
Los datos del Estado de Michoacán fueron considerados atípicos, debido a que no fueron reportadas estadísticas de delitos graves, ya que considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido los últimos arios, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado.
En el caso del indicador de número de agencias del ministerio público por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, los estados con peor desempeño son Estado de México (1.1), Tlaxcala e Hidalgo (1.2), Baja California y Yucatán (1.6), mientras que el promedio a nivel nacional es de 3.2.
La impunidad es generalizada y “muy alta” en México: Índice 2016
MEDIO: Vanguardia
Sección: Nacional
El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de Impunidad en México es “muy alto”.
La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y sólo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).
“La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, dice el informe.
Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
El Índice de Impunidad México 2016 fue construido partir de variables estructurales y funcionales como la cifra negra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata en total de 18 indicadores divididos en sistema de seguridad y sistema de justicia (parte estructural y funcional), y verticalmente la cifra negra.
El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.
Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos fueron clasificados como los estados con un Índice de Impunidad Alto. En el caso de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, fueron catalogados con un nivel medio de impunidad, mientras que Campeche y Nayarit con uno bajo.
Michoacán se trata de un caso atípico porque los datos reportados no coinciden con la realidad, situación que lo mantuvo fuera de la clasificación.
El reporte dice que la mayoría de los estados comparten grados de impunidad y que gran parte son del fuero común. Por ello menciona la necesidad de que funcionen adecuadamente la estructura de los poderes judiciales estatales y las policías estatales.
Destaca que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe), que realiza el Inegi.
Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP dijo este día durante la presentación que, las causas por las que no se denuncia son atribuibles a la autoridad debido a la poca confianza.
Dijo que es necesario acercar la justicia al ciudadano por lo que propuso instalas cámaras en los ministerios públicos para documentar la transparencia del servicio. “Que la información no se pierda en un cajón. Que se clasifique y se presente a las áreas de seguridad pública”, dijo.
Impunidad en 95% de de delitos consumados en México, revela estudio
MEDIO: 24 Horas
Del total de delitos consumados en México, sólo hay un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual se traduce a una impunidad cercana al 95% de los ilícitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados, de acuerdo con el primer Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX), presentado este miércoles.
El rezago de impartidores de justicia resulta otro problema preocupante toda vez que el promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es apenas de 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional entre los países estudiados por el Índice Global de Impunidad, presentado en 2015, es de 17.
A nivel nacional, 25 entidades registraron un alto y muy alto índice de impunidad, lo cual revela una problemática extendida y generalizada del funcionamiento en los sistemas penitenciarios, de seguridad y justicia en cada uno de los estados, de acuerdo con el primer IGI-MEX.
En conferencia de prensa, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) presentó el que resulta el primer modelo estadístico que mide los niveles de impunidad como un proceso para los 32 estados de la República, con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario.
Acompañado por el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi Domínguez, así como de los académicos e investigadores de la UDLAP, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Antonio Le Clercq Ortega, el rector informó que en grupo de impunidad baja sólo se ubicaron Campeche y Nayarit; en el caso de impunidad promedio se encuentran: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, y Chiapas.
En el caso de los estados con un alto índice de impunidad se ubicaron: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos; mientras que el grupo clasificado como de muy alta impunidad lo conformaron: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Mientras que en el caso de Michoacán fue considerado un caso atípico debido a que existe evidencia de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de estudio, la estadística de delitos graves.
De acuerdo con los ponentes, el índice detectó que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema creciente de impunidad. “La impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas, la impunidad te conduce a la violencia, te conduce a la corrupción”, aseveró Derbez Bautista.
En abril del año pasado, al UDLAP presentó el Informe Global de Impunidad (IGI) que ubicó a México entre los únicos 12 países capaces de medir a detalle su nivel
La impunidad es generalizada y “muy alta” en México: Índice 2016; urge dar justicia al ciudadano
MEDIO: Sin Embargo
El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de incidencia en México es “muy alto” y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida.
La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y sólo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).
“La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, dice el informe.
Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
El Índice de Impunidad México 2016 fue construido partir de variables estructurales y funcionales como la cifra negra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata en total de 18 indicadores divididos en sistema de seguridad y sistema de justicia (parte estructural y funcional), y verticalmente la cifra negra.
El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.
Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos fueron clasificados como los estados con un Índice de Impunidad Alto. En el caso de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, fueron catalogados con un nivel medio de impunidad, mientras que Campeche y Nayarit con uno bajo.
Michoacán se trata de un caso atípico porque los datos reportados no coinciden con la realidad, situación que lo mantuvo fuera de la clasificación.
El reporte dice que la mayoría de los estados comparten grados de impunidad y que gran parte son del fuero común. Por ello menciona la necesidad de que funcionen adecuadamente la estructura de los poderes judiciales estatales y las policías estatales.
Destaca que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe), que realiza el Inegi.
Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP dijo este día durante la presentación que, las causas por las que no se denuncia son atribuibles a la autoridad debido a la poca confianza.
Dijo que es necesario acercar la justicia al ciudadano por lo que propuso instalas cámaras en los ministerios públicos para documentar la transparencia del servicio. “Que la información no se pierda en un cajón. Que se clasifique y se presente a las áreas de seguridad pública”, dijo.
En tanto, Andrea Ambrogi, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, dijo que los 33 millones de delitos ocurridos en el país son 21 veces más de que los que las autoridades tienen registrado mediante denuncias.
El Índice menciona que para los mexicanos las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. “La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”, dice el documento.
Menciona que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
RECOMENDACIONES
Como parte del Índice de Impunidad México 2016 se presentaron 16 recomendaciones, como son el “implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local”.
“El nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados y cuenten con un sistema de profesionalización funcional que reduzca los espacios de corrupción e impunidad”, se aconsejó.
También se instó a revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia en los estados. Se dijo que los magistrados y jueces a nivel estatal deben garantizar su independencia de los poderes políticos en la entidad.
Las organizaciones que elaboran el Índice pidieron garantizar la autonomía política de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de Justicia estatales con base en los mandatos de las reformas a la Constitución.
Pidieron evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario a la luz de los cambios derivados del nuevo sistema de justicia penal, y revisar la autonomía de las comisiones estatales de Derechos Humanos frente al poder político.
Exhortaron a limitar al máximo los espacios de impunidad que permite la legislación a los servidores públicos federales, estatales y municipales. Asimismo, pidieron castigar con fuerza a los agentes privados que favorezcan la corrupción y el conflicto de intereses en el gobierno.
Se instó a aceptar e implementar las recomendaciones en materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos que formulen al Estado mexicano las agencias del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como de la CNDH.
“También se deben analizar y dar seguimiento a las recomendaciones que distintas organizaciones de la sociedad civil y academia hacen en estas materias”, se lee en el documento presentado este día.
De igual forma se pidió fortalecer las fiscalías especializadas en delitos graves, promover y proteger el ejercicio de la profesión del periodismo independiente, así como sanciones ejemplares, “con base en la Ley, cuando se presenten casos de conflicto de interés por parte de los servidores públicos en el uso de recursos públicos o de facultades legales”.
Otra de las recomendaciones fue promover políticas públicas de justicia cotidiana y mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre autoridades y órdenes de gobierno.
También se instó a fortalecer y dotar de mayor autonomía a las áreas de evaluación de políticas de seguridad, justicia y Derechos Humanos al interior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Judicatura Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se exhortó el implementar las recomendaciones en materia de seguridad pública que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los estados y a la federación. Ejercer acciones judiciales contra servidores públicos que han cometido probables ilícitos denunciados por la ASF en materia de sus responsabilidades en el ejercicio de presupuestos y funciones de seguridad pública.
De igual forma se pidió implementar mecanismos de evaluación más efectivos ya que “resulta indispensable garantizar la evaluación de los sistemas de seguridad pública y el sistema de justicia tanto en sus fases de formulación e implementación como en el proceso de gestión”.
MEDIO: Uno más Uno
Un reciente estudio de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), titulado “Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX)”, revela que el promedio de incidencia de la impunidad en México, es “muy alto” y se ubica en 67.42, prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida.
La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y sólo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).”, dice el informe.
Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
El Índice de Impunidad México 2016 fue construido partir de variables estructurales y funcionales como la cifra negra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata en total de 18 indicadores divididos en sistema de seguridad y sistema de justicia (parte estructural y funcional), y verticalmente la cifra negra.
El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.
Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos fueron clasificados como los estados con un Índice de Impunidad Alto. En el caso de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, fueron catalogados con un nivel medio de impunidad, mientras que Campeche y Nayarit con uno bajo.
Michoacán se trata de un caso atípico porque los datos reportados no coinciden con la realidad, situación que lo mantuvo fuera de la clasificación.
El reporte dice que la mayoría de los estados comparten grados de impunidad y que gran parte son del fuero común. Por ello menciona la necesidad de que funcionen adecuadamente la estructura de los poderes judiciales estatales y las policías estatales.
Destaca que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE), que realiza el INEGI.
Deficiencias en la procuración de justicia derivan en impunidad, revela informe UDLAP
MEDIO: El Sol de Puebla
Puebla presenta un alto grado de impunidad, debido principalmente a la falta de Infraestructura y personal requeridos para una correcta procuración de justicia, reveló el Índice Global de Impunidad México 2016 elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
El diagnóstico, realizado por académicos y estudiantes de la institución de educación superior en colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, indica que el estado exhibe un nivel de impunidad de 69.19 sobre 100, sólo 1.77 puntos más que la media nacional.
Como Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Sinaloa y Morelos también se incluyen en el grupo de entidades federativas que, con base a diferentes indicadores, registraron un grado de impunidad alto. Sólo Campeche y Nayarit fueron incluidos entre los estados con una tasa baja de esta variable.
Al igual que algunas de estas entidades federativas, en el estado existe un rezago de infraestructura y trabajadores de las distintas instancias judiciales. El personal de procuración de justicia alcanza las 39.3 personas por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 75.7; existen sólo 1.7 Agencias de Ministerio Público por cada 100 mil poblanos, inferior a la media de 3.4, mientras que tres agentes de Ministerio Público deben encargarse del papeleo generado por cada mil delitos; y sólo 1.5 jueces y magistrados se ocupan de los conflictos de 100 mil habitantes, frente al promedio de 3.5. “Esta misma realidad se ve reflejada con el número de secretarios en tribunales superiores de justicia que en el estado solamente se cuenta con 6.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 11.9”, expuso el informe hecho público ayer.
Estos datos, señaló en entrevista posterior el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista, suponen para el Ejecutivo poblano y para los candidatos que contienden a la próxima gubernatura del estado una oportunidad de mejorar.
“Como gobierno del estado en lo que te debes preocupar antes que nada, ya que no puedes invertir en todo, es en mejorar la situación de tu sistema judicial y eso implica darle mayor autonomía y generar las condiciones también para que haya más jueces por habitantes, más agentes especializados en esos juzgados”, recomendó a las diferentes entidades federativas.
“PUEBLA ESTÁ EN UNA SITUACIÓN AFORTUNADA”: DERBEZ A pesar de que Puebla comparte con el resto del país la “enfermedad de la impunidad”, como definió dicha problemática Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia estatal, el estado aún no presenta síntomas como violencia o corrupción.
“Puebla está en una situación afortunada, -sabemos- la estructura que se debe modificar y tenemos los datos, pero al mismo tiempo no han ocurrido los fenómenos de violencia que se dan en el resto del país, los problemas de corrupción que se dan en el resto del país”, aseguró Derbez Bautista
Rector Derbez propone plan de seguridad
MEDIO: Síntesis
El índice de impunidad presentado ayer revela que México está lejos de alcanzar una justicia plena.
La lista de que en México “la vida no vale nada”, porque no se castiga el homicidio, la encabeza Michoacán con 8.9, le sigue Sinaloa con 11.1, después Puebla 11.4, Guerrero 11.5 y Tamaulipas con 11.9 por ciento.
En el estudio fue presentado por la Udlap y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y se detalla el rezago de investigaciones abiertas y pendientes por resolver por las autoridades.
Para el rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) Luis Ernesto Derbez Bautista, la implementación del mando único en el país no debe ser el único fin, sino que se podría analizar la posibilidad de disminuir el número municipios y así contar con territorios más grandes, y puedan tener la capacidad para enfrentar a grupos delictivos.
En entrevista, el directivo especificó que el verdadero problema de la impunidad no es el hecho de que exista un mando único, sino analizar si se cuenta con el número de policías necesarios en la capacitación y en las especialidades, pues se necesitan policías investigadores.
El rector de la Universidad de las Américas Puebla explicó que los gobernadores han tomado esa idea de que la opción es mando único, pero “a veces hacemos cosas sin pensarlas”, por lo tanto Derbez acentuó que cuando existen municipios muy chiquitos, se debe de pensar si esas demarcaciones realmente tienen la capacidad de enfrentarse a la delincuencia organizada.
“La pregunta correcta sería, los tamaños y la multiplicidad de municipios que tenemos debería de continuar, no sería mucho mejor tener municipios mucho más grandes, menos pero más grandes, fuertes, que puedan resolver el asunto”, interrogó.
El excanciller declaró que se debe precisar si existe el número de policías necesarios en capacitación y especialidades; así como reconsiderar si es factible mantener gran cantidad de municipios, con el fin de garantizar que todos tengan los recursos materiales y económicos para enfrentar a la delincuencia organizada y común.
Derbez Bautista opinó que el desarme de policías municipales sólo funcionaría si tuvieran una “varita mágica” para enfrentarse a los criminales, en caso contrario no lo harán porque no tendrían cómo defenderse.
IGI-MEX 2016 De las 32 entidades del país, 25 presentan altos o muy altos niveles de impunidad, y solo dos están en grados bajos, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016 elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y que fue presentado este miércoles.
Derbez Bautista urgió a los estados a emplear esta información para definir las prioridades de gasto destinado a mejoras las condiciones de seguridad y justicia.
“Es clarísimo lo que tienen que hacer los estados, si resuelven muchos de estos detalles van a resolver la impunidad, y si resuelven la impunidad van a resolver (los problemas de) violencia y corrupción”, dijo el rector de la Universidad de las Américas Puebla al presentar el informe.
“El que la hace no la paga” en Puebla: Índice de impunidad
MEDIO: Síntesis
El porcentaje de encarcelados por homicidios en Puebla alcanza apenas un 11.4 por ciento, cuando la media nacional se ubica en 27.5, lo que ubica a la entidad en el grupo de “peor desempeño” en el Índice Global de Impunidad México 2016.
En el estudio -presentado por la Udlap y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia- se detalla que el número de averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas determinadas por los Ministerios Públicos locales, rebasó el número de investigaciones abiertas.
Esto puede significar que existe un rezago de investigaciones abiertas en espera de una determinación de ejercicio (o no ejercicio) de acción penal, por parte del Ministerio público. Es importante destacar que al momento en que las investigaciones son determinadas, hay una gran brecha de casos que no pasan a las siguientes etapas del proceso de judicial.
Y es que el análisis revela que el territorio poblano presenta un rezago con respecto al resto del país en materia de encarcelamiento por robo y homicidio. Siendo el promedio nacional para el primer delito de 10.3 y en el estado de 3.7. Para el caso del delito de homicidio entre averiguaciones previas iniciadas la estadística nacional es de 27.5 y en Puebla es de tan solo 11.4. Esta situación puede estar correlacionado con el serio problema estructural que tiene el Poder Judicial en la entidad.
Por otro lado, se observa que solo el 16% de las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas cuentan con un inculpado y/o imputado registrado. La tendencia es similar (15% del total de investigaciones abiertas) en casos de personas que ya han entrado a un proceso judicial. Asimismo, al final de la cadena se muestra que el número de sentenciados con respecto al número de inculpados y/o imputados, representa el 29%, mientras que los que recibieron sentencia condenatoria, representaron el 23%
La investigación puntualiza que de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2014), los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Puebla, son:
1. Lesiones
2. Amenazas
3. Robo a transeúnte en vía pública
4. Daño a la propiedad
5. Violencia familiar
Es importante mencionar que en Puebla se registra una cifra negra de 93.2%, lo que representa otra gran cantidad de delitos no registrados oficialmente. Esta cifra es ligeramente mayor al registro promedio nacional de delitos no denunciados.
La lista de que en México la vida no vale nada porque no se castiga el homicidio la encabeza Michoacán con 8.9, le sigue Sinaloa con 11.1; después Puebla 11.4; Guerrero 11.5, y Tamaulipas con 11.9 por ciento.
Pocos jueces para miles de habitantes
En lo que respecta a la funcionalidad del sistema de justicia, Puebla se encuentra por arriba del índice nacional, lo que significa que los procesos penales tales como la determinación de las investigaciones iniciadas, así como la imputación de sentencias, se hace con mayor celeridad que en la mayoría de los estados.
Para el caso de la dimensión funcional del sistema de seguridad, se observa que Puebla tiene una incidencia delictiva mayor a la media nacional, y que, específicamente, del total de homicidios registrados en las procuradurías y fiscalías generales, tan solo el 11% de estos casos fue representado en ingresos penitenciarios en 2013, mientras que para el delito de robo, este porcentaje fue del 4% para el mismo año (ver Grafica prisma impunidad).
Por otro lado, en lo que respecta a la estructura del sistema de seguridad, se encontró que Puebla contaba con un personal en procuradurías de justicia de 39.3 personas por cada 100 mil habitantes, número por debajo del promedio nacional de 75.7
Asimismo, se encontró? un rezago en la infraestructura y el personal para la procuración de justicia, específicamente en Agencias del Ministerio Publico, ya que la entidad contaba en 2013 con 1.7 agencias por cada 100 mil habitantes, comparado con la media nacional de 3.4. Mientras que por cada 1,000 delitos registrados en procuradurías y fiscalías, solo hay 3 agentes del Ministerio Publico procesando y determinado las averiguaciones previas y carpetas de investigación.
El Índice Global de Impunidad México 2016 sentencia que en materia de capital humano en el sistema de impartición de justicia, Puebla tiene un serio rezago en materia de magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes. El estado tiene solamente 1.5 mientras que la media nacional es de 3.5. Esta misma realidad se ve reflejada con el número de secretarios en tribunales superiores de justicia que en el estado solamente se cuenta con 6.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 11.9.
Aplicar políticas
Durante la presentación en la Ciudad de México, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, recomendó a las autoridades de gobierno que dicho estudio les sirva para definir política pública práctica y resolver la impunidad.
“¿Más leyes? No se necesitan más leyes, se necesitan estructuras que hagan cumplir la ley, tenemos que discutir acciones”, precisó.
A su vez, convocó a los aspirantes a ocupar una gubernatura en la elección del próximo 5 de junio, a que mediante ésta investigación “tengan vela en este entierro” al llegar al cargo, y pensar en cómo hacer las cosas de ahora en adelante.
“Si en verdad el gobernador que estará en los próximos años en la administración quiere bajar la impunidad y con esto reducir los índices de violencia y corrupción en el estado, aquí están las medidas qué tomar (Índice Global de Impunidad México 2016). Y nadie te va a decir que es tu culpa (gobernante) lo que hoy encuentras porque estas llegando al estado, pero sí te vamos a decir todos los ciudadanos que de aquí en adelante sí es tu culpa si no haces nada, porque ahora tienes un instrumento que los anteriores gobernadores no tenían, hoy ya no existe esa excusa”, matizó Luis Ernesto Derbez.
Puebla, en el top de estados con alto índice de impunidad
MEDIO: Diario Cambio
Puebla fue enlistada junto a otras 11 entidades federativas en la clasificación de impunidad alta en el país, en gran medida porque “existe un rezago de investigaciones abiertas en espera de una determinación de ejercicio de acción penal, por parte del Ministerio Público”.
Así se estableció en el Índice Global de Impunidad (IGI) México que presentó la Universidad de las Américas Puebla. De acuerdo a la medición, la entidad poblana, obtuvo una calificación de 69.19 unidades, lo que ubica al estado en la posición 17 del ranking.
Michoacán lidera el ranking de impunidad a nivel nacional pues fue calificada como una entidad una problemática atípica debido a que su sistema de seguridad no es funcional.
Mientas que Campeche y Nayarit son las entidades con la mejor evaluación al recibir una puntuación de 47.22 y 50.42 unidades.
Los datos de Puebla
De acuerdo con los resultados del IGI-MEX, Puebla se ubica en el grupo 3 de impunidad alta, el cual se encuentra en torno al promedio nacional.
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2014), los cinco delitos del fuero común más recurrentes, son: Lesiones, amenazas, robo a transeúnte en vía pública, daño a la propiedad y violencia familiar.
“Se observa que solo el 16% de las averiguaciones previas y carpetas de investiga-ción abiertas cuentan con un inculpado y/o imputado registrado. La tendencia es similar (15% del total de investigaciones abiertas) en casos de personas que ya han entrado a un proceso judicial”, se expone en el estudio.
Puebla, por arriba de la media en impunidad y corrupción: UDLAP
MEDIO: La Jornada de Oriente
Puebla se encuentra entre los 11 estados con alta impunidad, según el Índice Global de Impunidad México (IGI–MEX), presentado ayer por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP).
El IGI–MEX es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. Se toman en cuenta grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales, aclararon los presentadores del trabajo, que fue coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, investigadores del campus cholulteca.
En ese sentido, se informó que Puebla tiene un 69.19 por ciento de impunidad, cuando el promedio nacional es de 67.42 por ciento.
Durante una conferencia de medios, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del CCSJP, explicaron que el IGI–MEX agrupa a los 32 estados en 5 bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja solo se ubican dos entidades federativas: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio hay cinco: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Aclararon que Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
Explicaron que algo que detectó el índice “es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Asimismo, se observó que si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas”.
Mencionaron también algunos de los resultados destacados en el IGI–MEX: Del total de delitos consumados solo existe 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana a 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados. “La cifra anterior en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes de 99 por ciento en México, es decir, menos de 1 por ciento de los delitos en México son castigados. El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces en el ámbito local es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 17.
Puebla, por encima de la media nacional en índice de impunidad, revela reporte
MEDIO: Intolerancia Diario
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), presentaron el reporte sobre la Impunidad en México, trabajo coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la institución.
El Índice Global de Impunidad México (IGI-Mex) es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario.
El IGI y el IGI-Mex miden grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales.
El IGI-Mex agrupa a los 32 estados en cinco bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja solo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio se encuentran cinco estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
Algo que detectó el índice es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Asimismo, se observó que, si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas.
Cabe destacar que México tiene información suficiente, necesaria y de calidad para realizar modelos estadísticos confiables y nuevos instrumentos de medición cuantitativa, por ello se convirtió en el primer caso de estudio estadístico a nivel internacional para comprender las raíces de la impunidad en el ámbito local.
El IGI-Mex utiliza la misma metodología del Índice Global de Impunidad (IGI) para analizar tanto las capacidades instaladas como el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia en los estados.
Cabe señalar que el IGI- Mex no pudo incorporar la dimensión de Derechos Humanos, como lo pudo hacer el IGI 2015, porque la información oficial que reportan las comisiones estatales de Derechos Humanos es inconsistente estadísticamente con la realidad que viven los estados de la República y la cual ha sido demostrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales.
Por último, se puede mencionar que el IGI-Mex fue elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y es un proyecto cofinanciado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), con la participación de investigadores, analistas y estudiantes que desarrollan análisis y estudios estratégicos sobre impunidad, seguridad y justicia a nivel global y nacional.
La impunidad en el país existe en todos los estados, pero más del 50 por ciento del territorio la padece en altos niveles, según el Índice Global de Impunidad México. El estudio señala que en 25 entidades federativas los delitos denunciados no concluyen en una sentencia para los responsable.
Puebla, en lugar 17
MEDIO: Milenio Puebla
El estado de Puebla apareció en el lugar 17 al obtener una calificación de 69.19 en la escala del uno al 100 del Índice Global de Impunidad (IGI)-México, presentado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Además, la entidad se ubicó en el bloque de 11 estados con una alta impunidad y superó en 1.77 puntos al promedio nacional del IGI-México: 67.42. La lista de estados con alta impunidad se completa con Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Sinaloa y Morelos.
Mientras, el grupo clasificado como de “muy alta impunidad” está conformado por 13 estados: Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur.
Durante la presentación del estudio en la Ciudad de México, el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez, detalló que el IGI México detectó que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal para atender el problema de la impunidad.
“Se observó que si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas”, comentó.
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) que mide la impunidad como un proceso con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, revela que en Puebla requiere atender la cifra negra de delitos, el bajo porcentaje de sentencias y el rezago en infraestructura y personal para la procuración de justicia.
Los cinco delitos del fuero común más recurrentes en la entidad son: lesiones, amenazas, robo a transeúnte en vía pública, daño a la propiedad y violencia familiar.
Puebla, con una alta impunidad e insuficiente número de jueces
MEDIO: 24 Horas Puebla
Sin suficientes jueces y magistrados no es posible justicia expedita, así lo señala el Índice Global de Impunidad 2016 (Igimex) y Puebla es el estado con menor número de jueces: 1.5 por cada 100 mil habitantes, le siguen Hidalgo y el Estado de México con 2.3 y 2.5, respectivamente.
Sin embargo, la situación en todo el país es similar, ya que la media nacional apenas si alcanza los 3.5, mientras que en países desarrollados se cuenta con 16 jueces por cada 100 mil habitantes, es decir, tres veces más de los que existen en México.
Para el rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, la falta de jueces y magistrados capacitados para atender las demandas y denuncias de la población son una ventana para la impunidad, así lo señaló durante la presentación del Igimex, el cual fue realizado por investigadores de esa casa de estudios en colaboración con el Consejo Ciudadano de Justicia.
A su vez, concluye el informe, la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera mayor violencia. Lo cual repercute en violaciones a los derechos humanos, impacta de manera negativa en la economía local, en la educación y en el Índice de Desarrollo Humano.
De acuerdo con Derbez Bautista, para reducir los índices de impunidad en el país no se necesita crear más leyes en la materia, sino construir la infraestructura física que sea accesible para los ciudadanos, pues 6 de cada 10 delitos no se denuncian porque los agraviados consideran que es una pérdida de tiempo asistir a las instancias encargadas.
RANKING NACIONAL.
En México, la impunidad es “alta y generalizada”; la mayoría de las entidades federativas se encuentran con niveles elevados de impunidad, señala el Índice Global de Impunidad 2016. Pues de los 59 países analizados, México se ubica como el segundo con mayor índice.
Puebla se ubicó en el grupo de los estados con “alto” grado con 70 puntos de 100, compartiendo la misma situación con Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco y Tlaxcala.
Impunidad, el más grave problema que vive México: UDLAP
MEDIO: El Heraldo de Puebla
El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP) presentaron el reporte sobre la Impunidad en México, trabajo coordinado por el Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAP.
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. El IGI y el IGI-MEX miden grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales.
El IGI-MEX agrupa a los 32 estados en 5 bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja sólo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio se encuentran 5 estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
Resultados del Índice Global de Impunidad.
-Del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
-La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados.
-El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los centros de readaptación social estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100.
-En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión.
La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global.
-El porcentaje de homicidios cometidos entre el número de homicidios registrados en averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México es de 27.5%.
El IGI-MEX fue elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP
Ranking de impunidad: 25 estados con niveles altos
MEDIO: CNN en Expansión
De las 32 entidades del país, 25 presentan altos o muy altos niveles de impunidad, y solo dos están en grados bajos, de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP) y que fue presentado este miércoles.
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016 —que considera información oficial desglosada en 18 variables y 35 indicadores como número de agencias de ministerio público o número de jueces, con base en información de 2013— ubica con los mayores problemas a Quintana Roo, Guerrero, Estado de México, Baja California, Durango y Tamaulipas con puntajes superiores a 70 en escala del 0 al 100, que entre más alto supone una mayor impunidad.
Los mejor evaluados son Campeche y Nayarit, con niveles inferiores a 50, en tanto que están en un grado medio (menores a 60) San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas. Los datos del estado de Michoacán fueron considerados atípicos, debido a que no fueron reportadas estadísticas de delitos graves.
En el indicador de número de agencias del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, los estados con peor desempeño son Estado de México (1.1), Tlaxcala e Hidalgo (1.2) Baja California y Yucatán (1.6), mientras que el promedio a nivel nacional es de 3.2.
Los académicos que presentaron el documento este miércoles destacaron que las entidades de la República presentaron situaciones similares, por lo que concluyeron que la impunidad representa un fenómeno generalizado en México.
El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, urgió a los estados a emplear esta información para definir las prioridades de gasto destinado a mejoras las condiciones de seguridad y justicia.
“Es clarísimo lo que tienen que hacer los estados, si resuelven muchos de estos detalles van a resolver la impunidad, y si resuelven la impunidad van a resolver (los problemas de) violencia y corrupción”, dijo este martes al presentar el informe.
Derbez abundó que está investigación mide las condiciones que pueden conducir a violencia, inseguridad e impunidad, las cuales han sido desatendidas durante décadas y corregirlas podría llevar entre 15 y 20 años.
“Si la gente piensa que por varita mágica el año que entra se resolvió, no es cierto. Tienen que empezar sistemática y consistentemente a hacer las inversiones y poner las estructuras correctas, a capacitar correctamente a la gente, y nos veremos dentro de 15 años, y dentro de 15 años le garantizo que si lo hacemos así se va a ver un país muy distinto.
“Si seguimos en la tendencia de que es mi sexenio el que resuelve todo, y eso hace todo el mundo incluyendo el gobierno en el que estuve, no vamos a avanzar mucho porque rompemos lo del pasado en lugar de darle coherencia y consistencia y empezar a modificar donde se debe”, afirmó el excanciller durante el gobierno de Vicente Fox.
El Índice es una actualización del estudio presentar el año pasado, el cual evaluó a 59 países, entre los cuales México resultó en el segundo lugar con mayor impunidad con 75.7 puntos, solo detrás de Filipinas.
Entre las recomendaciones planteadas, está el determinar con una base científica un número óptimo de ministerios públicos en las que la ciudadanía pueda realizar denuncias, y que estás agencias videograben las interacciones con la autoridad para evitar actos de corrupción
Alto grado de impunidad en 25 estados, revela estudio
MEDIO: Noticieros Televisa
FIRMA: BLR
Existe un alto grado de impunidad en 25 estados de la República Mexicana, de acuerdo con el Índice de Impunidad por Estados.
La investigación que realiza la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla coloca a Quintana Roo en la cabeza, seguido de Estado de México, Baja California, Durango y Tamaulipas.
El estudio coloca a Campeche y Nayarit como las entidades con los índices de impunidad más bajos.
Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, afirmó que este estudio sirve para que las autoridades de cada estado conozcan en qué áreas deben prestar mayor atención para evitar actos de impunidad.
Agregó que 92.8 por ciento de los delitos que se cometen en México no son denunciados.
México, entre los países con más impunidad a nivel mundial
MEDIO: Noticieros Televisa
La Universidad de las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla presentaron el documento denominado “Índice Global de Impunidad México 2016”.
En el documento se detalla la situación general del país, en materia de impunidad.
Destaca que México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial.
Que la impunidad en México, es un problema extendido y generalizado en la mayoría de los estados del país.
Además, el índice revela problemas estructurales y de funcionamiento en los sistemas; penitenciario y de seguridad y justicia en cada una de las entidades federativas.
De acuerdo con este estudio, clasifica a los 32 estados en bloques o niveles de impunidad.
En 24 estados del país, según señala el documento, el nivel de impunidad es considerado alto y muy alto.
En el nivel de impunidad muy alto se encuentran 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, Quintana Roo y Estado de México.
En el grupo de impunidad alta están 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Sinaloa, Morelos y Puebla.
Solamente Campeche y Nayarit se ubicaron en el nivel de baja impunidad.
“Podemos concluir que la enfermedad de México es la impunidad. Desafortunadamente todos los estados tienen la enfermedad de la impunidad, está presente en todos los estados del país”, explicó Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
De acuerdo con este estudio, se señala que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos.
Lo que significa que el 92.8 por ciento de los delitos no son denunciados por las víctimas.
“Si estas líneas continúan en esa dirección, se va a tener un sistema con mayor impunidad, un sistema que conduce a la violencia, se va a tener un sistema que conduce a la corrupción en todos los estados, tenemos que revertir esto”, agregó Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla.
De acuerdo con este estudio, menos del uno por ciento de los delitos en México son castigados y solamente el 4.46 por ciento, se establecen sentencias condenatorias, lo que revela, según dice el documento, un alto índice de impunidad.
Señala además, que existe un rezago de impartidores de justicia.
El promedio nacional de magistrados y jueces en el ámbito local es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 17.
Y en materia penitenciaria, el estudio señala que México duplica la sobrepoblación en sus cárceles con respecto a otros países y que el personal penitenciario es insuficiente para vigilar a los reclusos.
Impunidad, inseguridad y corrupción, dijeron, afecta la economía nacional.
“Porque existe la impunidad, se genera corrupción , se genera inseguridad, el daño de estos es aproximadamente del 13 por ciento del Producto Interno Bruto de México, es altísimo”, apuntó Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla.
Quintana Roo, Edomex y Baja California son los estados con más impunidad en México
MEDIO: LópezDoriga.com
En el espacio de Radio Fórmula de López-Dóriga se entrevistó a Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de Las América Puebla, y Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, quienes presentaron el informe sobre impunidad.
Afirmaron que la enfermedad en México no es la corrupción ni la violencia, debido a que 25 estados se encuentran en grados de muy alta y alta en impunidad.
“En México, la enfermedad es la impunidad. Violencia y corrupción son solo los síntomas”, mencionaron tras el diagnóstico en el estudio.
Entre los estados con mayor grado de impunidad son Quintana Roo, Estado de México, Baja California y Durango, pero están otros 21 en el mismo rubro.
“Lo que deberíamos estar discutiendo es impunidad”, sentenciaron, debido a que, según las estadísticas, de cada 100 delitos que ocurren en México, solo se denuncian cinco.
Lo peor viene cuando de los cinco delitos que se denunciaron, el cinco por ciento llegan a una sentencia condenatoria.
Por tal motivo, los expertos presentaron tres propuestas para aliviar la impunidad en México.
•Aumentar el número de Ministerios Públicos, los cuales deben ser al menos doce por cada 100 mil habitantes. “Necesitamos que la gente denuncie”, dijeron, aunque el gran número de agencias MP no alivia la corrupción del todo.
•Videocámaras en los Ministerios Públicos para vigilar la actuación de los agentes, debido a que luego llenan mal la denuncia y no procede correctamente.
•Más policías de investigación.
“Si esto sigue como va, que no se sorprendan que los estados donde no hay violencia empiecen a tenerla”, sentenciaron.
Aseguraron que el fenómeno de la impunidad tiene más de 50 años degradando el sistema de justicia mexicano.
Hay muchos policías no de investigación — 130% de hacinamiento — control de cárceles en penales —
Tlaxcala, registra un alto grado de impunidad, según estudio de la UDLAP-Igimex
MEDIO: Índice Medio
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), presentaron -este miércoles- el reporte sobre la Impunidad en México, trabajo coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAP.
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario.
El IGI y el IGI-MEX miden grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales.
El IGI-MEX agrupa a los 32 estados en 5 bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja sólo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio se encuentran 5 estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
Algo que detectó el índice, es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Asimismo, se observó que, si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas.
Alguno de los resultados destacados del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) son:
• Del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
• La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados.
• El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 17.
Registran 25 estados niveles altos de impunidad
MEDIO: Notisistema
Un estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla revela que en 25 de las 32 entidades del país los niveles de impunidad son muy elevados.
El documento detalla que la procuración e impartición de justicia es la cadena que más fallas tiene en la administración de todas las entidades.
La investigación arroja que en el país sólo siete de cada cien delitos cometidos se denuncia.
En México se castiga menos del 1% de los delitos que se cometen
MEDIO: Tiempo
ÉXICO. “Crimen sin castigo” es como se define etimológicamente la palabra “impunidad”. Según los resultados de un reciente estudio, alrededor del 99% de los delitos que se comenten en México quedan sin sanción.
De acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016, presentado este miércoles por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), entre los 59 países con mayores niveles de impunidad, México ocupa el lugar número 58. De acuerdo a encuestas realizadas a nivel nacional por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la impunidad es uno de los 10 principales problemas de la sociedad mexicana.
Este estudio arroja que en el país apenas se denuncian siete de cada 100 delitos. La pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades son las dos principales razones de los ciudadanos para no dejar constancia oficial.
Sobre los pocos delitos que sí se denuncian, alrededor del 4.46% alcanza sentencias condenatorias para los responsables. Lo anterior se traduce en que “la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados”, menciona el estudio.
Según los resultados en todo México, la investigación diferenció cuatro grupos por niveles de impunidad, pero la mayor parte de las entidades de todo el país se agrupan en niveles altos y muy altos; cuando 100 es el mayor índice de impunidad, la media nacional se ubica en 67.42.
Los niveles más bajos de impunidad en el país fueron para las entidades de Campeche (47.22 en la misma escala donde 100 es la cifra para calificar la menor impartición de justicia) y Nayarit (con 50.42). En el lado opuesto de la moneda, las peores calificaciones fueron para Michoacán (67.71), Quintana Roo (76.61) y Estado de México (76.48).
“Independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”, afirma el reporte, que señala que la pobreza y la desigualdad en las entidades no tuvieron incidencia en el grado de impartición de justicia.
Por otro lado, el reporte sí encontró una relación entre la delincuencia organizada y la impunidad, pues seis entidades que solicitaron al gobierno federal apoyo en la procuración de justicia mostraron graves niveles de impunidad: Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.
“La impunidad es multidimensional. (…) debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, reseña el resumen ejecutivo del estudio.
Para los analistas, la impunidad “ya rebasó a todas las instancias del gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada. Por lo anterior, se necesita la atención y participación urgente de otros actores no gubernamentales como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales”, subraya.
En México menos del 1% de los delitos son castigados
MEDIO: Entérate MX
La impunidad es generalizada en el país. Los datos de seguridad pública e impartición de justicia muestran que la cotidianeidad de no perseguir y castigar un delito es alta o muy alta en 25 estados.
En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos, según el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Ese promedio ya se ubica en el grado de alta impunidad y apenas diez estados tiene una mejor calificación, aunque todos con niveles reprobatorios.
El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP tomó en cuenta 17 indicadores de seguridad pública, gobierno e impartición de justicia para construir el Índice con datos de 2013 de los Censos Nacionales de Gobierno. Su conclusión es que el origen de la impunidad está en los estados, en donde prevalecen condiciones que provocan que sea una situación generalizada en el país.
Impunidad en 95% de los delitos consumados en México, revela estudio
MEDIO: NDMX
Del total de delitos consumados en México, sólo hay un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual se traduce a una impunidad cercana al 95% de los ilícitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados, de acuerdo con el primer Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX), presentado este miércoles.
El rezago de impartidores de justicia resulta otro problema preocupante toda vez que el promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es apenas de 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional entre los países estudiados por el Índice Global de Impunidad, presentado en 2015, es de 17.
A nivel nacional, 25 entidades registraron un alto y muy alto índice de impunidad, lo cual revela una problemática extendida y generalizada del funcionamiento en los sistemas penitenciarios, de seguridad y justicia en cada uno de los estados, de acuerdo con el primer IGI-MEX.
En las entidades donde se registró impunidad baja sólo se ubicaron Campeche y Nayarit; en el caso de impunidad promedio se encuentran: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, y Chiapas.
BC, entre los estados con mayor índice de impunidad
MEDIO: Zeta Tijuana
De acuerdo al Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de incidencia en México es “muy alto” y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida. Baja California es de los estados con mayor índice de impunidad.
La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y solo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).
“La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, dice el informe.
Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
El Índice de Impunidad México 2016 fue construido partir de variables estructurales y funcionales como la cifra negra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata en total de 18 indicadores divididos en sistema de seguridad y sistema de justicia (parte estructural y funcional), y verticalmente la cifra negra.
El estudio muestra que la variación entre entidades federativas es muy reducida. Los estados con un Índice de Impunidad muy alto son: el Estado de México, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Durango.
Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos fueron clasificados como los estados con un Índice de Impunidad Alto. En el caso de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, fueron catalogados con un nivel medio de impunidad, mientras que Campeche y Nayarit con uno bajo.
Michoacán se trata de un caso atípico porque los datos reportados no coinciden con la realidad, situación que lo mantuvo fuera de la clasificación.
El reporte dice que la mayoría de los estados comparten grados de impunidad y que gran parte son del fuero común. Por ello menciona la necesidad de que funcionen adecuadamente la estructura de los poderes judiciales estatales y las policías estatales.
Destaca que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe), que realiza el Inegi.
Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP dijo este día durante la presentación que, las causas por las que no se denuncia son atribuibles a la autoridad debido a la poca confianza.
Dijo que es necesario acercar la justicia al ciudadano por lo que propuso instalas cámaras en los ministerios públicos para documentar la transparencia del servicio. “Que la información no se pierda en un cajón. Que se clasifique y se presente a las áreas de seguridad pública”, dijo.
En tanto, Andrea Ambrogi, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, dijo que los 33 millones de delitos ocurridos en el país son 21 veces más de que los que las autoridades tienen registrado mediante denuncias.
El Índice menciona que para los mexicanos las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. “La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”, dice el documento.
Menciona que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados. ZETA/Sin Embargo.
En México el 99% de hechos delictivos están impunes
MEDIO: Aristegui Noticias, Plumas Libres
Del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias y, en contraste, la impunidad es cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad, reveló el Índice Global de Impunidad México, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.
Sin embargo, el estudio apunta que “la cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que laimpunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados”.
Precisa que el promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es de apenas 3.5. La media nacional entre los países estudiados por el IGI ( Índice Global de Impunidad) es de 16, por lo que “el rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales”.
En tanto, “el personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los CERESOS estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos.El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100″.
En ese sentido, indicó que en el país “la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%”. Con ello, ”México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global”.
El índice revela que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8% desde 2013.
“Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad”, señaló
“La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”, abundó.
MÉXICO: Jalisco, con alto grado de impunidad, revela estudio
MEDIO: Entorno Inteligente
México está inmerso en la impunidad, es un problema generalizado, ninguna entidad está exenta y 25 de ellas se clasifican como muy elevados y altos índices. La ineficacia institucional en materia de procuración e impartición de justicia se acumula y forma una cadena en las distintas fases del proceso: desde la comisión del delito, la integración de un expediente, la investigación, la posible sentencia del inculpado y la reparación del daño a la víctima.
Así lo revela la investigación que durante nueve meses realizó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, que concluye que la media nacional de impunidad es alta y se ubica en 67.42 puntos. Se trata de un documento que analiza el fenómeno con indicadores específicos por cada entidad del País.
Ante el comportamiento de la impunidad y la forma en que los gobiernos han enfocado las políticas públicas para contrarrestar el fenómeno, la UDLAP, que encabeza el doctor Luis Ernesto Derbez y su equipo de especialistas, elaboró el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, con información oficial obtenida de diversas fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).
La investigación arroja que en el País sólo siete de cada 100 delitos cometidos se denuncia; datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, indican que la cifra negra alcanzó un porcentaje no menor al 92.8 por ciento.
Actualmente, del total de los delitos consumados sólo 4.46 por ciento llegan a una sentencia condenatoria; la impunidad entonces es mayor, está en los márgenes de 99 por ciento, puesto que uno por ciento de los delitos son castigados.
Al desglosar cada entidad de las 25 que están en la lista de muy elevada y alta impunidad, se revela que existe un problema de gobernanza, “que rebasó a todas las instancias de gobierno, que no pueden atender éste problema de manera aislada”, ante un fenómeno multicausal y atribuible a los tres niveles de gobierno.
Para obtener los resultados del grado de impunidad, el IGI-MEX 2016, bajo la coordinación de los investigadores Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, se seleccionaron 17 variables de los sistemas de seguridad y justicia, excepto la dimensión de las garantías individuales, “pues se encontraron vacíos en los reportes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos”.
De acuerdo con el diagnóstico, 13 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada: Quintana Roo con 76.61 puntos; el Estado de México 76.48, Baja California 74.42; Durango 73.97 puntos; Tamaulipas 73.38; Guerrero 73.19; Coahuila 72.93; Yucatán 72.80; Veracruz 72.38; Querétaro 72.24; Nuevo León 71.63; Oaxaca 71.63 y Baja California Sur 70.74.
Las 11 entidades con un grado de impunidad alta son: Morelos con 69.37 puntos; Sinaloa 69.34; Puebla 69.19; Tabasco 69.10; Aguascalientes 68.37; Hidalgo 67.90; Tlaxcala 67.69; Jalisco 67.45; Colima 67.01; Zacatecas con 66 puntos y Guanajuato con 65.15.
En el documento se clasificó a Michoacán en el grado de impunidad atípica, con 67.71 puntos, que está por encima de la media nacional, “considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”.
Al analizar las variables se obtuvo que en el grado de impunidad media se ubica en Chiapas con 59.96 puntos; Chihuahua 59.94; Sonora 58.41; Distrito Federal 56.97 y San Luis Potosí con 56.86 puntos; mientras que la impunidad baja está en Nayarit con 50.42 puntos y Campeche con 47.22.
En el documento se emiten 16 recomendaciones claves para revertir este fenómeno, como implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local; además, advierte que el nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados.
Otros puntos importantes que propone el IGI-MEX 2016 es revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia de los estados; garantizar la autonomía de las fiscalías; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario, así como la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos de cada entidad. MÉXICO: Jalisco, con alto grado de impunidad, revela estudio
Oaxaca entre los estados con alto grado de impunidad
MEDIO: Despertar de Oaxaca
Oaxaca, entidad gobernada por Gabino Cué Monteagudo se encuentra en el grupo de entidades con un “grado de impunidad muy alta” reveló el Índice de Impunidad de México (IGI-MEX) estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla.
La casa de estudios reveló que los datos obtenidos de la entidad oaxaqueña permiten observar que en la estructura dedicada a la seguridad y la procuración de justicia hay mucho personal, pero que esto da pocos resultados, puesto que hay pocas personas encarceladas con sentencia definida.
El porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios es de 19%, cifra que significa un tercio de los resultados de acuerdo al promedio nacional, que se ubica en 59%. Esto quiere decir que en el país hay cerca del 40% de encarcelados sin sentencia, mientras que en Oaxaca casi el 80% de las personas encarceladas aún espera la resolución de su juicio.
De acuerdo al IGI-MEX, Oaxaca pertenece al grupo 4 de impunidad muy alta con un puntaje de 71.62 y una cifra negra de 93.3% (contra 92.8% nacional).
En el contexto del sistema de impartición y procuración de justicia, este se encuentra en operación parcial dentro del nuevo sistema penal acusatorio desde 2007, donde reporta un 86 por ciento de armonización normativa. En este sentido se expone que los delitos más recurrentes del fuero común son: las lesiones, el robo a transeúnte en vía pública, otros robos así como el daño a la propiedad y el fraude.
En tanto la cadena impune inicia en la etapa de averiguación previa pues tiene un comportamiento coincidente con la media nacional. Sin embargo, se presenta una disminución bastante significativa entre las causas penales y los indicadores de sentencias.
Mientras que en las cifras nacionales la cantidad de causas penales que terminan en sentencia suelen presentar una disminución de casi la mitad (215,638 causas penales sobre 100, 938 sentencias).
En Oaxaca esta relación se reduce considerablemente, pues sólo el 15% de las causas penales reciben sentencia y el 10% una condena en contra del 47% y 35% nacionales, respectivamente.
Principales hallazgos encontrados en 35 indicadores
Los datos del IGI-MEX nos dicen que el estado muestra debilidad en las dimensiones funcional-justicia, estructural-justicia y funcional-seguridad. Su fortaleza relativa se da en la dimensión estructural-seguridad.
Considerando la dimensión estructural-seguridad, los datos nos dicen que en términos generales el estado se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional. Es decir, el número de personal en esta dimensión es bastante similar al promedio del país.
El número de personal es ligeramente mayor que la media nacional, comportamiento que se repite en todos los rubros de esta dimensión, a excepción del personal penitenciario entre capacidad instalada y el personal carcelario entre reclusos. Ambos registran un 0.1, la mitad de la media nacional, que en los dos rubros es de 0.2, lo que quiere decir que existe una sobrepoblación carcelaria generalizada de acuerdo a las facilidades penitenciarias del estado.
En la dimensión funcional- seguridad se explica la baja funcionalidad que plasma el IGI-MEX al observar que el porcentaje de encarcelados por robo es mucho menor al porcentaje de encarcelados por homicidio. El porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas es de 26%, cifra muy parecida al promedio nacional que es de 28%. En cambio, el porcentaje de encarcelados por robo entre robos en averiguaciones previas iniciadas es de 5%, muy por debajo de la media que es de 10%.
En el grupo de “Grado de impunidad muy alta” Oaxaca ocupa el segundo lugar después de Baja California Sur, y seguido por Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Durango y Coahuila, de los estados con mayor impunidad
MEDIO: El Siglo de Torreón
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX), el estado de Durango ocupa el quinto lugar de las 32 entidades federativas con mayor grado de impunidad.
Lo anterior, de acuerdo con el estudio elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, presentado ayer, el cual ubicó al estado de Michoacán, como el de mayor grado de impunidad, con una calificación atípica y un porcentaje de 67.71 por ciento, con base en los diversos indicadores que se tomaron como referencia.
Con una calificación muy alta, fueron ubicados 13 estados: Quintana Roo, México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán Veracruz, Querétaro, Nuevo León Oaxaca y Baja California Sur (con un porcentaje descendente en el orden en el que se mencionan).
Otros 12 estados fueron catalogados como de alto grado de impunidad, mientras que cinco recibieron la calificación media, siendo Nayarit y Campeche los únicos que registraron baja impunidad.
Según los resultados publicados por el IGI-MEX, Durango se ubica en el grupo 4 con un grado de impunidad muy alto, y se caracteriza por un rezago importante en la dimensión funcional del sistema de justicia.
MEDIO: Revolución tres punto cero
El más reciente resultado del Índice Global de Impunidad México exhibió al país como un lugar donde una gran cantidad de delitos quedan en el limbo de la justicia, más del 50 por ciento del territorio la padece en altos niveles.
La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue el inmueble donde se presentaron estos datos donde se reveló que en 25 entidades federativas los delitos denunciados no concluyen en una sentencia para los responsables.
La impunidad más recalcitrante se encuentra en los estados de Quintana Roo, con 76.61 puntos de 100; el Estado de México, con 76.48 y Baja California, con 74.42 y a manera de sátira sobre la alerta del virus del zica, Andrea Ambrogi, presidente consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ) externo que:
“la enfermedad de México es la impunidad y los síntomas son la violencia, la inseguridad, la corrupción, que pueden o no manifestarse en un Estado o en otro pero que, desafortunadamente la enfermedad de la impunidad está presente en todos los estados del País”,
Una de las directrices de la impunidad nos lleva hacia las desapariciones donde la religiosa Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) externa ante el Consejo de Seguridad de la ONU el sufrimiento que padecen los familiares de personas desaparecidas en México.
“(En México) la impunidad sigue siendo la norma. Las desapariciones continúan. Y las familias siguen sufriendo”, señaló al participar en una sesión especial que se realizó en Nueva York, Estados Unidos.
De acuerdo con la encuesta de Victimización realizada por el Inegi, de la que el estudio retomó los datos, en el 63 por ciento de los casos en que no se denunció, la gente no lo atribuyó a las autoridades sino al sentimiento de pérdida de tiempo o de desconfianza que prevalece en las instituciones, indicó Ambrogi.
Impunidad en 95% de de delitos consumados en México: reporte
MEDIO: Farandulife
El rezago de impartidores de justicia resulta otro problema preocupante toda vez que el promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es apenas de 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional entre los países estudiados por el Índice Global de Impunidad, presentado en 2015, es de 17.
Lo anterior, de acuerdo con el estudio elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, presentado ayer, el cual ubicó al estado de Michoacán, como el de mayor grado de impunidad, con una calificación atípica y un porcentaje de 67.71 por ciento, con base en los diversos indicadores que se tomaron como referencia.
En el caso de los estados con un alto índice de impunidad se ubicaron: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos; mientras que el grupo clasificado como de muy alta impunidad lo conformaron: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Mientras, en el estado, de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2014) los cinco delitos del fuero común más recurrentes fueron: lesiones, amenazas, robo a transeúnte en vía pública, daño a la propiedad, violencia familiar, además que en el estado se registra una cifra negra de 93.2 -es decir de los delitos no reportados-. Sin embargo, del total de inculpados y/o imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas (10 mil 736), solo el 32 por ciento continúa con un proceso judicial de primera instancia, y, del total de inculpados, solo el 4 por ciento recibe una sentencia (condenatoria o absolutoria), y tan solo el 3 por ciento recibe una sentencia condenatoria. En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos.
México nuevamente se colocó como el segundo país más impune del mundo, sólo por detrás de Filipinas, según el Índice de Impunidad Estatal (IGI-MEX).
Se agrega que Puebla se ubicó entre los estados con peor desempeño en castigos por homicidios.
Grados muy altos de impunidad: Colombia y México.
Asimismo, se observó que, si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos.
En conferencia de prensa, el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, indicó que dicho índice revela los problemas estructurales y de funcionamiento en los sistemas penitenciarios, de seguridad y justicia, para cada una de las entidades.
Del total de delitos consumados solo 4.4% son sentencias condenatorias, lo que refleja una impunidad cercana a 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados.
El IGIMEX asegura que los altos índices de impunidad en entidades de México revelan que es un problema generalizado en el país.
Delitos sin denuncia y faltan sentencias condenatorias — Impunidad en Puebla
MEDIO: La Radio del Domingo
En el caso de Puebla, el IGI-México revela que mientras el promedio nacional de jueces y magistrados para la impartición de justicia es de 3.5; la entidad cuenta con el promedio más bajo: 1.5.
En la presentación estuvieron presentes Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (Ccsjp), presentaron el reporte sobre la Impunidad en México, trabajo coordinado por el Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la Udlap.
En el caso de los estados con un alto índice de impunidad se ubicaron: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos; mientras que el grupo clasificado como de muy alta impunidad lo conformaron: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo. Además,”de los 43 mil 930 inculpados en averiguaciones previas, solo 16 mil 358 son procesados en las causas penales en primera instancia y 943 son sentenciados, en su mayoría condenados”.
Según los resultados en todo México, la investigación diferenció cuatro grupos por niveles de impunidad, pero la mayor parte de las entidades de todo el país se agrupan en niveles altos y muy altos; cuando 100 es el mayor índice de impunidad, la media nacional se ubica en 67.42.
En 2015 el IGIMEX reveló que México tiene uno de los peores desempeños, pues se ubicó en el lugar 58 con un índice de 75.7, una situación similar a la de Colombia que registró 75.6, solo por debajo de Filipinas el país peor ubicado con 80.
Altos niveles de impunidad: Guayana, Estados Unidos, Chile, Jamaica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Para la realización del reporte se basaron en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, y se dividió al país en cinco bloques de impunidad: baja, media, alta, muy alta y atípica, caso al que sólo responde Michoacán que de acuerdo con la CNDH en 2013 no reportó las estadísticas de delitos graves. Aunque el estudio precisa que los estados de la República no deben compararse entre sí llanamente, destaca que ” la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia” Sin embargo, bajar los índices de impunidad repercute en un mayor bienestar económico, y hace a las entidades susceptibles de una mayor recepción de inversiones, alienta el establecimiento de empresas pequeñas y medianas, genera mayor número de empleos y mejoran los niveles de bienestar económico de su población, destacó.
Descubre los 10 estados más impunes en México, según el Índice de Impunidad Estatal (IGI-MEX).
Los datos muestran que del total de los ilícitos consumados sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95%.
“En México la impunidad tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas. En esto pone en clara evidencia la incapacidad institucional para en la impartición de justicia” Respecto a Durango, con una cifra negra del 94 por ciento, los cinco delitos del fuero común más recurrentes son robo de vehículo, robo a casa habitación y otros robos.
Más del 67% de delitos en México quedan impunes: Informe
MEDIO: Pasión Sports
Al desglosar cada entidad de las 25 que están en la lista de muy elevada y alta impunidad, se revela que existe un problema de gobernanza, “que rebasó a todas las instancias de gobierno, que no pueden atender éste problema de manera aislada”, ante un fenómeno multicausal y atribuible a los tres niveles de gobierno.
Dentro del grupo con un Grado de Impunidad Alta, se ubican Morelos, 69.37; Sinaloa, 69.34; Puebla, 69.19; Tabasco, 69.10; Aguascalientes, 68.37; Hidalgo, 67.90; Tlaxcala, 67.69; Jalisco, 67.45; Colima, 67.01; Zacatecas, 66; y Guanajuato, 65.15. El Estado de México tiene una cifra negra de 93.6 por ciento y los cinco delitos del fuero común más recurrentes son: lesiones, robo de vehículo, y robo a transeúnte en vía pública.
Sobre los pocos delitos que sí se denuncian, alrededor del 4.46% alcanza sentencias condenatorias para los responsables.
Así, de las 81,428 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas en la entidad, solo hubo 12,673 inculpados o imputados y de ellos, un total de 2,908 recibieron una sentencia condenatoria.
Por último, se puede mencionar que el IGI-MEX fue elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y que es un proyecto cofinanciado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), con la participación de investigadores, analistas y estudiantes que desarrollan análisis y estudios estratégicos sobre impunidad, seguridad y justicia a nivel global y nacional.
El IGI México colocó a Michoacán, entidad que obtuvo una calificación 67.73, en un Grado Atípico de Impunidad porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), advirtió que los datos que dieron las autoridades estatales no eran confiables.
Se agrega que Puebla se ubicó entre los estados con peor desempeño en castigos por homicidios.
Durango se ubica en el grupo 4 con un grado de impunidad muy alto.
Durante la presentación encabezada por el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Baustista, se explicó que el Índice de Impunidad Global es un estudio académico que mide el fenómeno multidimensional de la impunidad, por país, a través de 18 indicadores a partir de información obtenida en el año 2013. Aunque el estudio precisa que los estados de la República no deben compararse entre sí llanamente, destaca que ” la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia” Sin embargo, bajar los índices de impunidad repercute en un mayor bienestar económico, y hace a las entidades susceptibles de una mayor recepción de inversiones, alienta el establecimiento de empresas pequeñas y medianas, genera mayor número de empleos y mejoran los niveles de bienestar económico de su población, destacó. Reveló que la impunidad relacionada con violaciones a los derechos humanos corresponde al 33% del índice de impunidad para México, cuando la general es de 17% y de 20% para el continente americano.
La impunidad en el País existe en todos los estados, pero más del 50 por ciento del territorio la padece en altos niveles, según el Índice Global de Impunidad México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados.
Puebla arriba de la media nacional en impunidad: IGI-Udlap
MEDIO: E-Consulta
Su cifra negra de delitos, el bajo porcentaje de sentencias y el rezago en infraestructura y personal para la procuración de justicia, colocaron a Puebla por arriba de la media nacional de impunidad, según Índice Global de Impunidad (IGI)-México, presentado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
El estado obtuvo una calificación de 69.19, 1.77 puntos por arriba del promedio nacional, de 67.42, en una escala del uno al 100. Los resultados totales ubicaron a Puebla en el grupo de estados con una impunidad alta.
Cifra negra fue de 93. 2 por ciento
“En Puebla se registra una cifra negra de 93.2 por ciento, lo que representa una gran cantidad de delitos no registrados oficialmente. Esta cifra es ligeramente mayor al registro promedio nacional de delitos no denunciados”, detalla el análisis.
Los cinco delitos del fuero común más recurrentes en la entidad son: lesiones, amenazas, robo a transeúnte en vía pública, daño a la propiedad y violencia familiar.
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) que mide la impunidad como un proceso con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, reveló que en Puebla el número de averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas determinadas por los Ministerios Públicos locales, rebasó al número de investigaciones abiertas.
Dentro del estudio se establece que en la entidad solo el 16 por ciento de las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas cuentan con un inculpado y/o imputado registrado. En tanto, el número de sentenciados con respecto al número de inculpados y/o imputados, representa el 29 por ciento.
Rezago en infraestructura y personal
En la entidad también se detecta un rezago en la infraestructura y el personal para la procuración de justicia, específicamente en Agencias del Ministerio Público, ya que en 2013 contaba con 1.7 agencias por cada 100 mil habitantes, comparado con la media nacional, de 3.4.
“Por cada mil delitos registrados en procuradurías y fiscalías, solo hay tres agentes del Ministerio Público procesando y determinado las averiguaciones previas y carpetas de investigación”, agrega el análisis.
En materia de capital humano en el sistema de impartición de justicia, Puebla presenta un rezago en materia de magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes.
“El estado tiene solamente 1.5 mientras que la media nacional es de 3.5. Esta misma realidad se ve reflejada con el número de secretarios en tribunales superiores de justicia que en el estado solamente se cuenta con 6.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 11.9 ”.
El IGI-MEX destaca que Puebla presenta un rezago con respecto al resto del país en materia de encarcelamiento por robo, de 10.3 por ciento; y en homicidio, de 3.7 por ciento.
“Para el caso del delito de homicidio entre averiguaciones previas iniciadas, la estadística nacional es de 27.5 y en Puebla es de tan solo 11.4. Esta situación puede estar correlacionada con el serio problema estructural que tiene el Poder Judicial en la entidad”, detalla el estudio.
Campeche y Nayarit, los estados con baja impunidad
El estudio destaca que la impunidad es un fenómeno multidimensional que abarca los delitos susceptibles de ser castigados como lo es el homicidio, y tres dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
El IGI-MEX agrupó a los 32 estados en cinco bloques según sus resultados estadísticos. En el grupo de impunidad baja sólo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit.
Por otra parte, en el grupo de impunidad promedio aparecieron cinco estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran Puebla y 10 estados más: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Michoacán fue colocado como caso atípico porque existe evidencia de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
UDLAP y Consejo Ciudadano de Seguridad y Justica presentan Índice Global de Impunidad
MEDIO: Periódico Digital
Este día el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Ernesto Derbez Bautista, y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi, presentaron los resultados del Índice Global de Impunidad en México (IGI-MEX)
De acuerdo con la publicación en el país existe 95 por ciento de impunidad en delitos consumados, esto a nivel general; sin embargo, de acuerdo con el rector de la UDLAP, es necesario conocer la situación en cada uno de los estados del país.
IGI-MEX
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. El IGI y el IGI-MEX miden grados de impunidad en forma comparada, no miden la violencia, inseguridad o corrupción en sí mismas, ni tampoco el desempeño de los gobiernos estatales.
El IGI-MEX agrupa a los 32 estados en 5 bloques según sus resultados estadísticos. En el primer grupo de impunidad baja sólo se encuentran dos estados: Campeche y Nayarit. En el grupo de impunidad promedio se encuentran 5 estados: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas.
En el grupo de impunidad alta se encuentran 11 estados: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos.
El grupo clasificado como de muy alta impunidad está conformado por 13 estados: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Michoacán se considera como caso atípico porque existe evidencia de parte de la CNDH, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de este estudio, las estadísticas de delitos graves.
Algo que detectó el índice, es que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Asimismo, se observó que, si bien niveles altos de impunidad no se traducen actualmente en violencia o inseguridad en todos los estados, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede terminar por detonar estos problemas: la impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas.
Datos
■Del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
■La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados.
■El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 17.
■El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los centros de readaptación social estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100.
■En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global.
■El porcentaje de homicidios cometidos entre el número de homicidios registrados en averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México es de 27.5%.
■El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7%.
Análisis a capacitación de policías antes de Mando Único: UDLAP
MEDIO: Sexenio Puebla
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) consideró que el análisis sobre la implementación del Mando Único policial debe ser en torno a la capacidad de respuesta de los municipios y sus cuerpos de seguridad y no solo sobre la aplicación de un solo mando.
Asimismo, se debe precisar si existe el número de efectivos necesarios y la capacitación que reciben, además de la viabilidad de integrar a una gran cantidad de agrupaciones municipales y garantizar que todos tengan una adecuada asignación de recursos materiales y económicos para enfrentar los índices de delincuencia, común y organizada.
De igual manera, llevar a cabo el desarme de las fuerzas de seguridad solo funcionaría si hubiese una fórmula mágica para enfrentar a los criminales, ya que de lo contrario no tendrían manera de defenderse.
Lo anterior, en entrevista, tras darse a conocer que el Senado podría rechazar la aprobación de la propuesta del Poder Ejecutivo de instalar un mando único en la república mexicana, misma que cuenta con el aval de mandatarios a nivel nacional.
