Dra. Elitania Leyva Rayón
Profesora investigadora del Departamento de Economía
elitania.leyva@udlap.mx
Los programas sociales son diseñados por el Estado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de su población. Un programa social puede estar orientado a la sociedad en su conjunto o a un sector de la población con necesidades específicas. El Estado tiene la responsabilidad de atender dichas necesidades, por lo que debe diseñar e implementar planes que busquen garantizar el bienestar de la sociedad en diversos aspectos.
En este sentido, los programas sociales pueden ser en materia de acceso a la educación, salud, vivienda digna, seguro de desempleo, entre otros. No obstante, en un país lleno de desigualdades, con una innegable falta de oportunidades y una caída en la productividad laboral durante los veinte años, el mal diseño de programas sociales –lejos de ayudar a la población– contribuye a un incremento en la pobreza y a un bajo crecimiento económico.
Un diseño deficiente de programas sociales amplia las carencias de la sociedad, aumenta la inequidad en la distribución del ingreso y empeora la vida de los trabajadores, ya que varios de estos programas fomentan la informalidad en el mercado laboral, incentivan la evasión fiscal y, por tanto, reducen el crecimiento del país. Los trabajos académicos que han encontrado evidencia sobre efectos adversos que algunos programas sociales han tenido en la sociedad sugieren que la ampliación de estos programas mal diseñados, o el incremento en el gasto social, sólo empeoraría la situación actual.
Una manera de remediarlo no es desaparecer o reducir los programas sociales, por el contrario, deben continuar, pero con las modificaciones necesarias para ser reencaminados al propósito para el que fueron creados originalmente. Sin embargo, para que esto ocurra, se necesita de una profunda reforma económica, legal y social que incentive a las empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Por ello, es imperativo que el Estado mejore el contexto de legalidad y fortalezca a sus instituciones, con el objetivo de eliminar los incentivos a la corrupción y a la evasión del cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social por parte de las empresas.
Lo anterior, también ayudaría a reducir la informalidad laboral, a lograr una mejor distribución del ingreso, y a que las empresas brinden una constante capacitación a sus trabajadores, lo que se traduciría en un aumento de la productividad y, consecuentemente, a un crecimiento económico. El Estado debe tener una visión integral de hacia dónde quiere ir, anteponer el bienestar de la sociedad en su conjunto y actuar en consecuencia para asegurar que los programas sociales sean diseñados eficazmente.
