Dra. Elizabeth Espinoza Monroy

Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho UDLAP

elizabeth.espinoza@udlap.mx

En fechas recientes los titulares de varios medios de comunicación han dedicado sus encabezados y tiempo «prime» a describir una actividad que lleva cometiéndose en nuestro país por más de dos décadas. Ésta, a todas luces ilícita, tiene sin duda varios rostros ya que no es una actividad que pueda realizarse por un solo agente operativo: es una red tecnificada que involucra varios perfiles de operación, iniciando porque su extracción denominada «ordeña» no es casual, ni empírica, se requiere de conocimientos de localización y paso de los hidrocarburos, por lo que se deduce que existe complicidad en la distribución ilegal de la ubicación de estos canales. Ligado a esto, también se presenta que esta «ordeña», se almacena y distribuye de forma rudimentaria, lo cual representa un gran peligro para la población.

Resulta correcto pensar que esta actividad tenga el impulso y el apoyo de grupos delincuenciales en las zonas más álgidas del país, tal es el caso de Puebla, Veracruz y Tamaulipas, por mencionar algunos, aunque ellos no resultan los únicos implicados, ni los únicos motores que dan vida al robo de combustible (a pesar de que existe un grupo altamente calificado de policías federales, marinos, soldados y fiscales especializados): es el consumo de la población que, ante el alza de la gasolina ha encontrado una alternativa de obtener el tan necesario insumo. Lo anterior, no escapa a empresarios que, a través de gasolineras establecidas legalmente, distribuyen este combustible.

Las pérdidas para Petróleos Mexicanos han sido muy graves, aunque los datos más recientes publicados en diversos medios apuntan a que esta actividad ha aumentado en medida de mayor tecnificación y organización en su venta y distribución, no sólo en las grandes ciudades, también ya hay puntos de venta en apartadas comunidades donde no existen gasolineras y el nivel de marginación es notable. Es así que la distribución legal se ve afectada por los cortes de suministro y, con ello, aumenta la compra en centros de distribución clandestina.

La liberación del precio de la gasolina y la apertura del mercado de la distribución de ésta a particulares puede tener grandes retos para los empresarios, ya que se abre la competencia legal sumada a la ilegal. Las actividades ilegales no conocen de fronteras y este caso no es la excepción, pues PEMEX ha reconocido que tiene conocimiento de robo de hidrocarburos y que estos han sido comercializados en los Estados Unidos para su transformación, agravando el impacto económico que ha alcanzado esta actividad en la economía nacional.