Por: Dr. Marco Antonio Casas, marco.casas@udlap.mx
Coordinador de Vinculación Académica Ciencias de la Salud
En el “acto médico”, definido como la relación entre el profesional de la salud y el paciente, se han detectado situaciones que se alejan de lo que la bioética como ciencia establece, en las que algunos médicos han mercantilizado su relación con el paciente, enfocando la terapéutica a sus posibilidades económicas. Así, entre los criterios de racionalización de los servicios de salud, se da el criterio de “contribución económica”, que señala que es muy diferente lo que un individuo pobre o de clase media recibe en cuanto a un tratamiento médico con respecto a uno de clase acomodada, pues este último tiene acceso a terapéuticas sofisticadas y tratamientos avanzados. Como los primeros no tienen condiciones de solventar los servicios de salud, se conforman con lo medianamente bueno o lo que el Estado les puede proporcionar. En ocasiones, estos servicios implican deficiencias, como sería la carencia del medicamento adecuado, diferimiento o peor aún, la cancelación de cirugías a causa de no contar con los insumos adecuados, lo que se traduce en muchas ocasiones en obligar a los familiares a obtenerlos a costa de su propio pecunio y con la urgencia que el caso lo requiera, pues de lo contrario no podría efectuarse el procedimiento quirúrgico con todas las consecuencias que esto acarrea, lo cual significa una pérdida de tiempo y de gastos no programados e inclusive el agravio de las condiciones del paciente.
También se ha visto el resurgimiento de la nefasta práctica de la dicotomía, que consiste en que el médico, olvidándose de sus principios éticos, efectúa tratos con otros médicos especialistas para obtener un beneficio al enviarle el paciente ya sea para su intervención quirúrgica o su tratamiento especializado, haciendo que el paciente se vea reducido a un elemento de intercambio. De igual forma, se siguen estas malas prácticas para obtener beneficios de las farmacias, laboratorios de análisis clínicos, gabinetes radiológicos e inclusive hospitales. Esto, en otros países, es duramente castigado, pero en nuestro país se soslaya.
Se ha dado el caso de que en las pequeñas comunidades, el médico general, quien además es el dueño de la clínica, “alquila” los servicios de un cirujano para que se encargue de efectuar la intervención quirúrgica, cobrando su participación correspondiente y como consecuencia elevando los gastos. Ha sucedido que, para no ser identificado, este cirujano entra subrepticiamente y sale de la misma manera, ocurriendo eventos de negligencia médica; como el caso aquel en que después de la salida del cirujano, el paciente se cayó de la mesa de operaciones, provocándole una fractura de vértebras cervicales con las correspondientes secuelas.
Hablando de esto podríamos comentar lo que sucede en algunos hospitales públicos y también en privados los fines de semana, ya que al no contar con el personal titular, contratan médicos que no están correctamente capacitados o que actúan de manera negligente, preocupados únicamente por hacer el trabajo lo más rápido posible y dedicarse a otras actividades, provocando con su actitud que los casos no sean resueltos al no establecerse los diagnósticos precisos o emplear la terapéutica adecuada.
Es necesario volver al médico de la familia, profesional respetado, de conducta ética y moral intachable, que conocía a toda la familia y que buscaba ante todo preservar su salud. En resumen, debemos devolver el carácter humanista a la práctica médica.
