Por Josefina Buxadé Castelán, josefina.buxade@udlap.mx
Profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación
En los últimos días hemos estado saturados por información sobre la Reforma Fiscal presentada por el presidente Peña Nieto el domingo 8. Es, desde luego, un tema de primera importancia, ya que afecta a todos los mexicanos, y se prevé que en cuanto se consigan los acuerdos políticos necesarios será aprobada.
Por el contrario, la Reforma en Transparencia, presentada también por Peña Nieto, siendo de igual forma muy importante, ha seguido un camino tortuoso. La iniciativa para modificar la Constitución fue entregada en el periodo de transición, por los senadores del PRI y el PVEM y denotaba un compromiso con el acceso a la información pública por parte del bien asesorado presidente electo. De hecho, desde la campaña, Peña Nieto en el lanzamiento de su “Manifiesto por una Presidencia Democrática” dijo textualmente: “respetaré y acataré las decisiones del IFAI y promoveré su fortalecimiento institucional”.
Después de haber sido presentada la iniciativa, fue discutida ampliamente en el senado, incluso con participación de organizaciones de la sociedad civil, el dictamen fue aprobado por unanimidad, con muy buenos estándares, que ampliaban el derecho de acceso a la información; pero, en su paso por la Cámara Baja sufrió modificaciones que los redujeron.
Curiosamente, fueron diputados del PRI, a través de Arely Madrid Tovilla, quienes presentaron cincuenta reservas al dictamen del senado. Con el tiempo, y en parte por las presiones de organizaciones civiles, las reservas se redujeron a diez. Algunas de las más controversiales eran: eliminar la definitividad de las resoluciones del IFAI; excluir a los partidos políticos como Sujetos Obligados Directos de la Ley, el procedimiento para elegir a los comisionados del IFAI, y que por lo menos cuatro de ellos sean abogados de profesión.
El PAN y el PRD consideraron las reservas regresivas, pero aun así se incorporó la aprobación del dictamen en el segundo periodo extraordinario.
En lugar de respetar la inatacabilidad de las decisiones del IFAI, que además están fundamentadas en el artículo 6 constitucional, se establecía la posibilidad de que el consejero jurídico del ejecutivo, el procurador general de la República, el gobernador del Banco de México y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pudieran impugnar las resoluciones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en materia de seguridad, estabilidad económica y protección de datos personales.
Finalmente, y después de grandes discusiones, en el dictamen, la posibilidad de impugnar quedó solo en el consejero jurídico del ejecutivo y solo en materia de seguridad nacional. Una lamentable excepción. Se incluyó que los cinco comisionados tendrían que dejar su cargo, aunque podrían permanecer si el senado los ratifica.
Veremos de qué están hechos nuestros legisladores federales, y qué tan serio es el compromiso de Enrique Peña Nieto con la transparencia.
