Por: Dr. Raúl Bringas Nostti, raul.bringas@udlap.mx
Profesor de tiempo completo del Departamento de Administración de Negocios Internacionales
En fechas recientes el gobierno federal lanzó su controversial propuesta de reforma hacendaria. Mucho se ha escrito y dicho sobre los cambios fiscales. Algunos apartados de la reforma, como el cobro de IVA en colegiaturas, generaron el inmediato repudio de la opinión pública. La molestia de la ciudadanía informada es palpable, máxime cuando la economía no crece como debería de hacerlo y se aprieta cada vez más el cinturón de los simples mortales.
Las autoridades han revelado su intención de ampliar la base fiscal e ingresar en el sistema a alrededor de dos millones de contribuyentes. Además, indican que los controles sobre los contribuyentes ya registrados serán mayores y se intentarán cubrir muchos hoyos fiscales que perjudican la recaudación.
El gobierno federal afirma que no hay alternativa a la reforma. Presenta todo tipo de razonamientos, desde aquéllos basados en las exigencias de la OCDE para que México aumente su recaudación hasta la simple receta de evitar un mayor déficit y tratar de balancear lo que se gasta con lo que ingresa. El gobierno asusta a los ciudadanos y argumenta que de no aumentar la recaudación fiscal se verá forzado a realizar recortes al gasto público que impactarán rubros esenciales.
¿No hay alternativa a la reforma? Por supuesto que sí. Desde hace años la sociedad civil exige un manejo más eficiente de los recursos recaudados. Hay numerosos estudios que indican que la eficiencia produciría mejores resultados que el mero aumento en la recaudación. Todo ciudadano ha presenciado la manera en que se dilapidan los recursos públicos en viajes faraónicos, obras innecesarias, papelería que se va a la basura, burócratas que sólo cobran y un sinfín de prácticas deleznables. Subir impuestos es la manera más sencilla de no combatir el dispendio y la corrupción. Es el camino que agrada a los funcionarios públicos, que cuentan con más recursos a su disposición sin la obligación de administrarlos mejor.
Mientras toda reforma hacendaria se base en el deleznable principio de aumentar la recaudación y no en administrar eficientemente lo que ya se tiene, el gobierno en turno seguirá recibiendo el repudio de una sociedad que constata cómo se le arrebata el dinero que gana con tanto esfuerzo.
