El derrame de la “ilegalidad”
Por Dra. Alison Elizabeth Lee, académica del Departamento de Antropología
Películas, documentales, notas periodísticas y novelas llenan nuestros sentidos con las experiencias de los migrantes indocumentados mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. Por estos medios, conocemos el peligro que corren cuando cruzan la frontera, las pésimas condiciones en las cuales trabajan, y las experiencias cotidianas de discriminación en una sociedad cada vez más anti-inmigrante. Donald Trump, candidato Republicano presidencial, es la figura pública más reciente que ha tratado de movilizar su base política conservadora empleando estereotipos indignantes y ofensivos sobre los “ilegales”, denigrando a millones de mexicanos quienes contribuyen a la productividad de las empresas estadounidenses y mejoran la calidad de vida de sus familias en ambos lados de la frontera.
El discurso de la ilegalidad es una fuerza poderosa que se ha fortalecido desde el 11 de Septiembre en el contexto de la “Guerra contra el Terrorismo”. Estados Unidos ofrece menos visas de trabajo para los trabajadores de las que realmente necesita. Consecuentemente, los migrantes que entran sin autorización y rápidamente absorbidos en el mercado laboral son etiquetados como “criminales”. Candidatos, políticos y medios de comunicación generan y fijan significados en estas categorías, condicionando la forma de pensar de los ciudadanos ordinarios, y por supuesto, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A pesar de la gran contribución de los migrantes mexicanos en la sociedad estadounidense, sus vidas están dominadas por la percepción de encarnar la “ilegalidad criminal” ante los ojos de una gran parte de la población. En este contexto, una supuesta solución de “sentido común” es militarizar la frontera de México-Estados Unidos: construir murallas, usar equipo de alta tecnología para detectar cruces clandestinos de la frontera e implementar miles de agentes de la patrulla fronteriza para vigilar la entrada de “inmigrantes ilegales”.
En una investigación reciente, se han mostrado los efectos colaterales que ha tenido la idea de “ilegalidad” y la militarización de la frontera. En colaboración con la Dra. Samantha Sabo, una colega de la Universidad de Arizona, analizamos datos de una encuesta conducida con trabajadores agrícolas en Arizona, cerca de la frontera. Los participantes son ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses de descendencia mexicana quienes viven en Sonora o Arizona. Los participantes de la investigación reportaron la presencia de oficiales de migración en sus sitios de trabajo, en sus colonias (quienes viven en Arizona), en los supermercados y en otros espacios públicos. Muchos consideran que los oficiales de migración, incluyendo la policía local, usan características individuales, como la ropa, el tipo de vehículo, y una supuesta “apariencia mexicana” para identificar migrantes indocumentados. En los datos de la encuesta, encontramos que las patrullas de tipo militar causaban mucho estrés entre los trabajadores agrícolas; un tercio de los encuestados reportó intenso estrés relacionado con encuentros sucedidos o anticipados, a pesar de que fueran ciudadanos americanos o residentes permanentes. La militarización constituye una amenaza de violencia financiada por el Estado en contra de estas poblaciones que son legales. El estrés generado en esta situación contribuye a problemas de salud mental y enfermedades crónicas.
Nuestra investigación, The Spillover of U.S. Immigration Policy on Citizens and Permanent Residents of Mexican Descent: How Internalizing “Illegality” Impacts Public Health in the Borderlands, publicado en la revista Frontiers in Public Health, también ha mostrado que los trabajadores agrícolas han internalizado y normalizado la falta de protección social causada por la discriminación y el maltrato relacionado con la inmigración. Mientras que los trabajadores conocen sus derechos para quejarse contra el maltrato y el potencial positivo de hacerlo, -“porque tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano americano”, “de prevenir que la injusticia suceda de nuevo”-, sus miedos indican que no creen que sus derechos les garanticen la protección dentro del ambiente militarizado de la frontera. Tienen miedo a represalias o que su estatus legal pueda ser revocado o que serán deportados si se quejan del maltrato por parte de los oficiales de inmigración o la policía local. El costo social de la fortificación de la frontera genera una sensación de exclusión y de miedo, por parte de ciudadanos y residentes legales, de perder su ciudadanía o estatus legal. Está población de “apariencia mexicana” vive en un ambiente de angustia de no poder preservar sus derechos básicos como ciudadanos y residentes estadounidenses.
La militarización de la frontera tiene consecuencias negativas de salud pública en los individuos que no son objeto de las políticas de control migratorio. Con el objeto de prevenir estos efectos “colaterales”, solicitamos a La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) (1) que el entrenamiento de CBP sea transparente; que se supervisen e investiguen los protocolos y las acciones disciplinarias contra los oficiales de la CBP y contra la policía local que haga mal uso de su poder al hacer cumplir la ley migratoria, (2) crear un sistema comunitario de supervisión que sea transparente, y documente y monitoreé la victimización relacionada con la inmigración; y (3), desarrollar un plan de responsabilidad por parte de la CBP y la policía local donde se reporten y respondan sistemáticamente a las preocupaciones de la comunidad respecto a la corrupción y el uso excesivo de la fuerza.
Hacer que las autoridades se hagan responsables por los abusos, fortalece las protecciones otorgadas a los ciudadanos y residentes permanentes y combate el racismo que sustenta la aplicación de las políticas migratorias. Por supuesto, es necesario que Estados Unidos promulgue una reforma migratoria que tome por completo la integración económica de Norte América, una región donde solo los bienes y servicios se mueven libremente entre las fronteras más no los trabajadores y sus dependientes. La protección de todos los trabajadores que transitan la frontera es la esencia de la seguridad humana.
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